Jaime Hernández
[Huasteca Hoy]

De los siete mil 043 homicidios registrados en San Luis Potosí desde 1990 a 2017, el 40.5 por ciento de ellos ocurrió en los últimos siete años, evidenciando que la violencia en la entidad se ha disparado de 2010 a la fecha, de acuerdo al reporte de causas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
Mostrando las estadísticas de homicidios entre 1990 y 2017, el Inegi muestra que la temporada más violenta en la entidad empezó, precisamente, en 2010.
En sólo ocho años, y con dos mil 854 asesinatos, ésta época ha superado ampliamente a lo registrado en las dos décadas completas anteriores.
Entre 2000 y 2009, el saldo fue de mil 790 asesinatos, mientras que en los últimos diez años del siglo pasado, la cifra fue de dos mil 399 personas privadas violentamente de la vida.
En promedio, en el lapso entre 1990 y 1999, se registraronhasta 239.9 asesinatos anuales. En la década entre 2000 y 2009, fueron 179 homicidios anuales, mientras que en los últimos ocho años, el indicador se disparó hasta 356.7 asesinato por año.
Y si las agresiones mortales se han incrementado en los últimos siete años, todavía se han agudizado en el bienio más reciente. En 2016, se registraron 335 homicidios.
Pero la estadística marca que 2017 ha sido el año más violento en los últimos 27 años, con 500 homicidios registrados.
Con respecto a 2016, la incidencia de asesinatos en la entidad aumentó casi un cincuenta por ciento.
Después de 2017, el año con mayores homicidios registrados por el Inegi fue 2012, con 455 casos. En tercer lugar, está 2011, con 364 muertes violentas y en cuarto, con una muerte menos 2010. El quinto peor año es 2016, con 335.

Redacción
[Huasteca Hoy]

Las diversas mesas de Ministerio Público adscritas a la Fiscalía General del Estado y en sus diferentes lugares, iniciaron carpetas de investigación, para determinar las responsabilidades por el fallecimiento de 13 personas en el lapso de una semana.
Algunos asuntos ya se encuentran esclarecidos y en los que será dado a conocer el procedimiento que iniciará en contra de cada uno de los responsables, y por ejemplo, hay otros asuntos en los que llevan las indagatorias respectivas para dar con el paradero de los responsables.
La Fiscalía informó al respecto que hasta este lunes contando los últimos hechos, fallecieron 13 personas en el lapso de una semana. Explicó que si bien toda muerte violenta de mujer es procesada por el Ministerio Público bajo el protocolo de feminicidio, al final tanto el propio investigador como los jueces realizan la clasificación definitiva de acuerdo a los elementos de los que se allegan.
Así, el Ministerio Público lleva el protocolo como va y posteriormente comparece ante un juez, ya sea para imputar a un detenido o para solicitar alguna orden de aprehensión por los diversos delitos.
Precisó que el juez incluso puede variar los términos según las pruebas que ofrece el Ministerio Público, pero consideró que si bien toda muerte de mujer es clasificada como en feminicidio, en el protocolo cada suceso es distinto. Según la Fiscalía, en estadísticas el delito de feminicidio va a la baja.

Patricia Ruiz
[Huasteca Hoy]

Las organizaciones “Ganemos”, “Ciudadanos Observando” y el “Frente Ciudadano Anticorrupción” dieron a conocer cuatro denuncias más en contra de legisladores por los presuntos delitos de falsificación de firmas y peculado, con éstas suman 18 las denuncias contra diputados interpuestas por 22 víctimas.
Al respecto, integrantes de estas organizaciones señalaron nuevamente a Mariano Niño Martínez, otro de los implicados es Sergio Desfassiux Cabello, Esther Angélica Martínez Cárdenas y Héctor Mendizábal Pérez.
En la denuncia contra la priista Esther Angélica Martínez Cárdenas, se le señala de un presunto apoyo de 37 mil 337 pesos para supuestos paquetes escolares para una persona en la comunidad de El Aguaje, los cuales no llegaron al destinatario. El proveedor de los paquetes escolares presuntamente es de Aguascalientes.
En el caso del legislador perredista Sergio Desfassiux Cabello, la demanda es por presunto peculado y falsificación de firmas con un proveedor de material de construcción a una señora y el monto es por 141 mil 600 pesos.
En cuanto a Héctor Mendizábal Pérez señaló que un joven denunció haber recibido una llamada desde el Poder Legislativo donde le ofrecieron trabajo a cambio que no interpusiera una denuncia por un presunto apoyo de más de 20 mil pesos, en la llamada supuestamente se menciona al presidente de la Junta de Coordinación Política.
En cuanto a Mariano Niño, se denunció un supuesto apoyo de 29 mil 465 pesos a una docente que probablemente solicitó material de construcción, la denunciante dijo a estas organizaciones civiles que le ofrecieron cinco mil pesos a cambio de no denunciar. Señalaron que desde el Congreso se ponen en contacto con las víctimas para ofrecer entre mil 500 y cinco mil pesos a cambio de no denunciar.