Redacción
[Huasteca Hoy]
San Luis Potosí. El actual subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, Hugo Ulises Valencia Gordillo, fue cesado en 2010 de su cargo de secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) a raíz de un escándalo en la venta de plazas y extorsión que realizaba su superior, el entonces magistrado electoral Miguel Covián Andrade.
Ese mismo año, de acuerdo a información del TEDF, inició un juicio laboral contra la institución, que se dirimió mediante un convenio.
La información sobre la vinculación del ahora funcionario potosino con el magistrado acusado de malas prácticas está consignada en el seguimiento periodístico que dieron diarios de la capital del país al caso.
El periódico Crónica, en una nota publicada el 17 de abril de 2010, señala que Ulises Gordillo fue uno de los colaboradores de Covián Andrade que fueron cesados tras la destitución del magistrado, ocurrida en febrero de 2010.
Ulises Valencia era secretario de Estudio y Cuenta de Covián Andrade. El periódico agrega que el hoy subsecretario en San Luis Potosí estuvo bajo investigación de la Procuraduría General de Justicia, así como del Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal, por violaciones al Código Electoral.
Covián Andrade fue destituido tras comprobársele las acusaciones de extorsión y tráfico de influencias, entre otros delitos, que cometía entre personal del TEDF que el reclutaba y al que le exigía parte de sus sueldos para mantenerlos en sus plazas.
Tras la decisión de la Contraloría, el TEDF también determino destituir a su equipo jurídico, e incluso a investigar la relación de algunos de ellos con el ilícito. En ese caso, quedó Ulises Valencia.No se halló información sobre el resultado de la indagatoria, pero en el Informe Anual 2010 del TEDF se consigna que Valencia Gordillo entabló en junio de ese año un juicio especial laboral presentado por ex servidores públicos del tribunal, que quedó en el expediente TEDF/JLT-006/2010, que se resolvió mediante un convenio el 30 de noviembre de ese año.
No se precisa si hubo indemnización en dicho acuerdo.
