Rubén Pacheco
[San Luis Hoy]
Es funcional y favorable el aumento de penas contra los feminicidas, sin embargo, si el personal gubernamental y el sistema jurídico no se encuentran capacitados para reconocer un feminicidio “no es de mucha ayuda”, evaluaron asociaciones y colectivos feministas.
Este jueves, el Congreso del Estado aprobó aumentar la penalidad para quien cometa el referido ilícito, pues dispuso pasar de 20 a 50 años de prisión y sanción pecuniaria de 2 mil a 5 mil días de Unidad de Medida de Actualización (UMA), a una pena de 40 a 60 años de cárcel y sanción pecuniaria de 2 mil a 5 mil días UMA.
Integrantes del colectivo Colegia de Themis, adujeron que el derecho sustantivo no es tan funcional, es decir, se sabe que es un delito y que tendrá una penalidad impuesta elevada, pero no servirá si el aparato jurídico no es funcional.
“¿De qué nos sirve, si el aparato jurídico no funciona correctamente y ni siquiera se logra encuadrar el delito de feminicidio? Como sabemos la mayoría encuadran en muertes violentas o pasan a ser suicidios”, cuestionaron.
Por separado, Arely Torres Miranda, integrante de la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género, coincidió con el colectivo al reconocer la necesidad de incrementar la penalidad, pero “no sirve de mucho” si no se toman en cuenta los protocolos de actuación al respecto.
Es decir, la correcta integración de los expedientes de las carpetas de investigación, vigilar la cadena de custodia de las pruebas de las indagatorias o la adecuada aplicación de la perspectiva de género en los casos, desglosó. La activista en favor de la defensa de las mujeres, rememoró que lo fundamental es obtener un caso firme, dado que se han tenido investigaciones donde a pesar de todas las evidencias contundentes, los asesinos son sentenciados a una pena de “burla” de 10 años.
