[AP]
BUENOS AIRES.- La expresidenta argentina Cristina Fernández, varios exfuncionarios y empresarios, entre ellos ejecutivos de dos de las compañías más poderosas del país, y un exjuez fueron acusados formalmente el lunes de participar de un sistema de recaudación ilegal de dinero implementado desde lo más alto del poder político a cambio de adjudicar obras públicas durante 12 años.
El juez federal Claudio Bonadío imputó a Fernández los delitos de “asociación ilícita en calidad de jefa, admisión de dádivas en 22 hechos… y cohecho pasivo en cinco hechos” entre 2003 y 2015, periodo que incluye sus dos mandatos y el de su marido y antecesor Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
A su vez le impuso un embargo de 4.000 millones de pesos (equivalentes a casi 100 millones de dólares).
Fernández, de 65 años, no puede ser detenida porque está protegida por fueros parlamentarios. En caso de que la justicia solicite su desafuero sólo perdería la inmunidad de arresto con dos tercios de los votos de los senadores, algo poco probable porque el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.
Si bien con éste ya suma seis procesamientos en distintas causas judiciales, es difícil aventurar el fin de la carrera política de Fernández.
