Verónica Galván
[Huasteca Hoy]
Suspenden de sus labores a la esposa de Jesús Sierra Acuña, quien señala que es una represalia en su contra por protestar en defensa de los derechos de la ciudadanía y quejarse de las irregularidades y tropelías que comete el Ejecutivo.
Dio a conocer que la semana pasada solicitó Juicio Político al Congreso del Estado, en contra de titulares de seis dependencias que se niegan a instalar el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción.
“Estoy acostumbrado a que cada que hago algo contra el Gobierno viene una represalia. Primero fue contra mi hija y ahora contra mi esposa”, señaló el activista.
Explicó que en esta ocasión es por medio de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), como se está afectando a su esposa. “El lunes le comunican una suspensión disciplinaria en sueldo y en funciones por cinco días, pero con fecha del 7 de noviembre de 2017, aunque la Ley dice que las sanciones se tienen que comunicar a los tres días siguientes a los que fue emitida. Se acordaron que tenía esa sanción 89 días después, precisamente después de haber solicitado el Juicio Político”, puntualizó.
Sobre las acusaciones contra su esposa, dijo que “llamaron a tres señoras para que se quejaran de que mi esposa habla por teléfono y que se sale de la escuela, que anda en bicicleta conmigo y que por ello es una mala influencia para los niños”.
El activista lamentó vivir en un estado en el que reprimen al ciudadano que se expresa. “Como a mí no me encontraron cómo reprimirme por no ser empleado de gobierno, a mi esposa si la quieren afectar”.
La suspensión la emitió Ulises Hernández Reyes, coordinador de Asuntos Jurídicos, pero de manera ilegal, “porque no tiene personalidad para comunicar sanciones, éstas las comunican los contralores o titulares de los órganos internos”.
Dijo que esto repercutirá en los niños que atiende ya que se quedarán sin clases.
Señala que ha recibido llamadas y amenazas, pero a pesar de las represalias no va a solicitar seguridad porque no tiene caso. “En San Luis Potosí no sirve, no tiene caso pedirla. Lamento tener un gobernador que permite que las cosas se acomoden a modo de quienes hacen negocios y a quien le pesan las personas que hacemos señalamientos”, concluyó.
