Por Redacción
Huasteca Hoy
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí, encabezada por Araceli Martínez Acosta, permitió la circulación de unidades del transporte público con publicidad electoral no autorizada en beneficio de candidatos del Partido Verde, de acuerdo con una investigación de la Asociación civil ‘Ciudadanos Observando’.
De acuerdo con dicha investigación, el esquema operó mediante la tolerancia de irregularidades a cambio de promoción política.
Señalan que permisionarios, cuyos vehículos ya habían excedido el plazo legal de servicio, fueron autorizados para seguir operando, siempre y cuando exhibieran propaganda electoral de Ruth González, Sonia Mendoza y el Partido Verde.
A cambio, la SCT omitió sancionar estas violaciones a la normativa, permitiendo la circulación de unidades fuera de regla sin las inspecciones correspondientes.
El informe detalla que “la línea con más unidades portando este tipo de publicidad no autorizada fue la de Transportes Urbanos y Suburbanos Tangamanga S.A. de C.V., seguida de Servicios de Transporte Suburbano de Turismo y Empresarial de la Línea Soledad San Luis S.A. de C.V., conocida como Ruta 3”.
Además, se identificó que el 62% de las unidades de la primera operaron con su periodo de servicio vencido, lo que sugiere que fueron toleradas a cambio de exhibir propaganda electoral.
La Ley del Transporte en el Estado de San Luis Potosí establece en su artículo 81, fracción XVII, que los concesionarios deben “abstenerse de colocar publicidad y propaganda de cualquier tipo en las unidades del transporte público”, sin autorización de la SCT.
Sin embargo, solicitudes de información realizadas por Ciudadanos Observando confirman que “ningún permisionario solicitó permiso y la SCT no lo otorgó, pero es evidente que han portado publicidad que viola la ley”.
El informe también señala que “la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les pasó la revista 2024 sin inspección, bajo la condición de colocar publicidad de Ruth González, Sonia Mendoza y el Partido Verde”, lo que refuerza la hipótesis de un pacto entre concesionarios y autoridades para eludir sanciones a cambio de promoción electoral.
La normativa establece sanciones de entre 5 mil 378 y 32 mil 271 pesos por unidad con publicidad no autorizada. No obstante, hasta la fecha, no se ha registrado ninguna multa ni acción correctiva por parte de la SCT.
Ciudadanos Observando concluye que “ninguna sanción se ha realizado y otro acto más de violación a la ley queda en total impunidad”, lo que evidencia una permisividad institucional que favoreció al Partido Verde y sus candidatos en el proceso electoral de 2024.
