Por El Universal
Artículo 19 realizó este miércoles un llamado a la Fiscalía General de Baja California y a la Fiscalía General de la República para realizar las investigaciones necesarias y esclarecer las amenazas contra el semanario ZETA en Tijuana, Baja California.
En un comunicado la ONG explicó que el domingo 29 de enero, sujetos desconocidos dejaron una manta con amenazas en la delegación Otay, en Tijuana, estado de Baja California, en la que mencionaron a los medios de dicha entidad en general.
En el mismo mensaje hicieron énfasis en la labor periodística del semanario ZETA con mensajes estigmatizantes y de desprestigio.
La nota viene firmada por “La FEA”, presuntamente podría identificarse como una firma de las “fuerzas armadas del Apache”.
La manta fue colocada días después que ZETA publicó en su edición del 27 de diciembre, una nota en la que se informó que un presunto integrante de grupos criminales pagó 300 mil dólares para huir. Según un testimonio del semanario, e información recabada por la ONG, ninguna autoridad al momento se ha puesto en contacto con el personal del medio de comunicación para establecer rutas que garanticen su protección e integridad.
Artículo 19 mencionó que el semanario ZETA ha enfrentado diversas agresiones desde su fundación hasta la fecha.
“Esto ha incluido previas agresiones por integrantes de grupos criminales quienes han atentado contra la vida de las y los periodistas de ZETA provocando pérdidas irreparables a la integridad, la vida y al equipo entero del semanario. Desde el 2020 esta organización ha documentado al menos 19 agresiones contra el medio, resaltando la continuidad de la violencia a la que se enfrenta no sólo ZETA sino el ambiente en general que viven los medios en Baja California”, sostuvo.
Dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha indicado que “fenómenos como el aumento de grupos altamente violentos de delincuencia organizada (que no solo amedrentan a la población, sino que, incluso, tienen la capacidad de atemorizar e infiltrar a las propias autoridades) han amenazado, de manera muy preocupante, el ejercicio del periodismo.”
Expuso que, ante estas situaciones, es preciso que las autoridades de todos los niveles tomen acciones urgentes para investigar los hechos, prevenir mayores agresiones contra la prensa, y terminar con la impunidad de los casos de amenazas y ataques contra periodistas y medios de comunicación.
