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“México sigue siendo el país sin guerra más peligroso para los reporteros: 37 periodistas han sido asesinados desde 2019″, dice el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Agrega que “desde el año 2000, cerca de 150 periodistas han sido asesinados y 28 han desaparecido en México“.
Añade que “el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha mejorado la situación en el último año de su mandato, con una retórica bastante hostil hacia los profesionales de los medios”, dice el reporte.
Sitúa al país en la posición 121 de 180 países en cuanto a libertad de prensa, seguido de Lesoto y la República Democrática del Congo.
En el apartado de México agrega que “López Obrador, en el poder desde 2018, no ha emprendido las reformas y acciones necesarias para frenar la espiral de violencia contra la prensa”.
Detalla que “el presidente López Obrador y otras figuras destacadas del Estado han adoptado una retórica tan violenta como estigmatizante contra los periodistas, a los que acusan regularmente de apoyar a la oposición. Cada miércoles, el gobierno organiza una sesión de “¿Quién es quién en las mentiras de la semana?”, un espacio más en el que se intenta desacreditar a la prensa. En sus más de cuatro años de mandato, el presidente ha criticado a los periodistas por su falta de profesionalidad y ha calificado a la prensa mexicana de “parcial”, “injusta”, y de “desecho del periodismo”.
Según la evaluación, “en la práctica, no hay ninguna ley que obstaculice la libertad de informar, puesto que la censura se ejerce mediante amenazas o ataques directos contra los periodistas, más que a través de acciones judiciales, detenciones o suspensiones de actividad”.
Dice que “la connivencia entre las autoridades y el crimen organizado constituye una grave amenaza contra los periodistas y se hace sentir en cada eslabón del sistema judicial. Los profesionales que cubren temas sensibles relativos a la política o al crimen, especialmente a nivel local, padecen advertencias y amenazas, cuando no son simple y llanamente asesinados. Otros son secuestrados y no aparecen nunca más, u optan, para salvar la vida, por desplazarse fuera de sus zonas de origen o bien por huir al extranjero.
“El presidente López Obrador no ha emprendido aún ninguna de las reformas necesarias para poner freno a la violencia y la impunidad que se han instalado en el país”.
Preocupa a CIDH la violencia letal contra periodistas en México
La Relatoría Especial para la Libertad Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este viernes su Informe Anual 2023, en el marco del Día Mundial De La Libertad De Prensa, en el que menciona que le preocupa “la persistencia de la violencia letal contra periodistas y comunicadores en México“.
Mencionó que “México es uno de los países más peligrosos y letales para la prensa en la región y el mundo”. Señaló que el país “registró nuevamente una de las cifras de asesinatos más altas en la región y el mundo. En el transcurso de este año, al menos 7 periodistas y comunicadores fueron asesinados en México por motivos que pueden estar vinculados a su trabajo periodístico”.
Indicó que en el país hay “un contexto de creciente estigmatización, descalificación y descrédito por parte de actores políticos y funcionarios públicos en los diferentes niveles del Estado, contra la prensa”.
En el reporte se indicó que “en particular, preocupa a la Relatoría Especial la creciente estigmatización a la prensa impulsada por el Poder Ejecutivo a través de la sección diaria “Quién es quién en las mentiras de la semana”, implementada desde junio de 2021 con el alegado fin de “analizar, verificar y aclarar las noticias imprecisas de interés general para la población”.
Al respecto, la organización Artículo 19 México documentó un total de 65 agresiones directas contra la prensa en el primer semestre de 2023, de las cuales 42 provenían de las conferencias mañaneras “Quién es quién en las mentiras”. Según fue reportado en su informe semestral de 2023, en este segmento se habría calificado de manera negativa a la prensa en al menos 114 ocasiones, con expresiones que la tildan de “conservadora”, “tendenciosa”, “adversaria”, “vendida”, “corrupta”, entre otras. Organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación por el efecto cascada de este tipo de declaraciones y su potencial de ser replicadas por actores en otros niveles del Estado”.
La relatoría añadió que en 2023 “también conoció sobre la activación de procesos judiciales contra periodistas y comunicadores que reportan sobre asuntos de interés público”.
En el reporte detalló que “a esto, se suman reportes de secuestros, amenazas, agresiones físicas y verbales, actos de intimidación y acoso judicial, señalamientos estigmatizantes contra la prensa por parte de las más altas autoridades, así como ataques y campañas de desprestigio contra periodistas y medios de comunicación en el ámbito digital”.
