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CIUDAD DE MÉXICO, junio 11 (EL UNIVERSAL).- Los académicos, entre los que se encuentran los eméritos Federico Bermúdez Rattoni, J. Adolfo García Sainz, Victoria Chagoya de Sánchez y Antonio Peña Díaz, manifiestan su profunda preocupación por el rumbo que podría tomar la ciencia en México al “imponerse una ley que limita la libertad de hacer investigación y entorpece el progreso científico”.
Publicado a través de redes sociales, el pronunciamiento señala que la Ley excluye la representatividad de los académicos en un Consejo Directivo, priorizando la participación de los representantes de las Secretarías de Estado incluyendo a la Defensa Nacional y a la Marina; pero además otorgará financiamiento y becas de acuerdo con una Agenda Nacional de investigación que atienda los problemas prioritarios o urgentes del país definidos por el gobierno, limitando en consecuencia el financiamiento a muchas áreas de investigación importantes.
“El Colegio del Personal Académico del IFC-UNAM se pronuncia en desacuerdo con la nueva Ley de Ciencia, y hace un llamado a la comunidad y población en general a expresarse en contra de esta”, dicen los académicos que apuntan que en los años 2020 y 2021 el CONACyT no ministró recursos para convocatorias de Ciencia de Frontera y no ha habido Convocatorias dirigidas exclusivamente a Ciencia Básica.
“Es importante resaltar que el número de proyectos apoyados en la convocatoria 2022-2023 es sumamente reducido y no compensa la falta de convocatorias de los años anteriores. Además, los recursos originalmente planteados sufrieron una reducción en los montos. En vista de esto, exigimos la publicación de convocatorias extraordinarias para paliar esta situación”, señalan los 73 firmantes, entre los que también se encuentran Tamara Rosenbaum, Luis B. Tovar y Romo, Violeta Gisselle López Huerta, Marcela Palomero Rivero, Miguel Pérez de la Mora, Ana María López Colomé y María de Lourdes Massieu Trigo.
El pronunciamiento también puntualiza que con la nueva ley se elimina la meta de inversión pública del 1% del PIB a la investigación, dejando la asignación del “incremento al del año anterior” a decisión del poder ejecutivo; pero también permite la ausencia de una fiscalización y/o rendición de cuentas ya que el órgano Interno Consultivo será controlado por el Consejo.
