EFE
El miedo que implican las amenazas, los disparos, las búsquedas en “zonas calientes”, las muertes de compañeras o los mensajes para que cesen en su empeño no es suficiente para que las madres que buscan a sus hijos desaparecidos en México dejen de buscar.
“Nos preguntan si tenemos miedo, y claro que tenemos miedo, temblamos de miedo, pero es más fuerte el amor, el deseo de buscar y encontrar a nuestros hijos”, dijo en una entrevista con EFE María Herrera, madre de cuatro hijos desaparecidos en México y reconocida recientemente como una de las 100 personas más influyentes del año por la revista TIME.
La tediosa, dolorosa y habitualmente larga labor que ejercen ellas, las madres que buscan a las más de 112.000 personas desaparecidas o no localizadas en México desde que hay registro, merece la pena, relata María, si logran darles a sus hijos una sepultura.
“Si ya permitieron que les dieran una muerte indigna, darles una sepultura digna es lo que buscamos”, dijo.
MADRES BUSCADORAS Y AMENAZADAS
Cinco madres buscadoras fueron asesinadas en México en 2022 y apenas este mes mataron a la primera de 2023, Teresa Magueyal.
“A pesar de que estas son las cifras que se ventilan públicamente la problemática es mucho mayor y estas madres buscadoras no tienen las medidas de protección necesarias por parte del Estado”, compartió en una entrevista con EFE César Contreras, abogado colaborador en el área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que acompaña a víctimas.
Contreras explicó que la crisis de desapariciones no ha logrado erradicarse en este sexenio, sino que se ha mantenido como una tendencia.
Además, las madres y el resto de familiares buscadores afrontan lo que ellas denominan una “doble desaparición”, porque cuando van a denunciar, se encuentran con fiscalías que no se mueven y no actúan de manera temprana.
Esto sucede por dos motivos, consideró el abogado, por falta de capacidades al verse rebasadas por un gran número de casos y pocos ministerios públicos, y por falta de voluntad política por parte de fiscalías y autoridades.
Acudiendo a la Fiscalía, las madres esperan que al presentar una denuncia un ministerio público realizara “diligencias básicas”, tales como pedir grabaciones de cámaras de vigilancia, buscar vehículos o solicitar información a instituciones, pero no sucede.
