Rubén Pacheco
Huasteca Hoy
Por mayoría calificada o tres cuartas partes del Pleno, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la minuta de iniciativa de reforma constitucional, cuyo contenido amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública hasta el 2028.
La iniciativa remitida por la Cámara de Diputados, recibió 20 votos a favor: tres de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI); tres de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); siete del Verde Ecologista de México (PVEM); y tres del Trabajo (PT).
Además, uno de Nueva Alianza San Luis Potosí (PNASLP); uno de Conciencia Popular (PCP); una de Redes Sociales Progresistas (RSP); y una de Acción Nacional (PAN).
En contraste, cuatro del PAN y dos del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) en contra del dictamen. El voto panista favorable lo dio Bernarda Reyes Hernández, quien llegó a la LXIII Legislatura por el PAN al formar parte de una coalición, sin embargo, es militante del PRI.
Al presentar el proyecto, Edmundo Azael Torrescano Medina, diputado del PRI y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que aunque está en desacuerdo con la militarización, en la actualidad es necesaria la presencia del Ejército en las calles, porque la estrategia de seguridad es fallida, o sea, “los abrazos y no balazos”.
Posteriormente subieron a tribuna Emma Idalia Saldaña Guerrero, coordinadora del PMC y Héctor Mauricio Ramírez Konishi, diputado independiente, pero afiliado al mismo, quienes se posicionaron en contra al considerar que, en lugar de mantener a la milicia en las calles, es mejor fortalecer las policías municipales.
De la misma forma, se pronunciaron Liliana Guadalupe Flores Almazán, coordinadora parlamentaria del PAN y su correligionario Rubén Guajardo Barrera, quien exigió sus aliados del PRI explicar por qué se prorrogó hasta tal año y no antes o después.
A su vez, Cuauhtli Fernando Badillo Morena, José Luis Fernández Martínez de PVEM, René Oyarvide Ibarra del PT y Gabriela Martínez Lárraga del RSP, justificaron la decisión a favor porque la población requiere del restablecimiento de la paz y el estado de derecho.
Por alusión personal, Alejandro Leal Tovías, diputado del PRI, respondió a Guajardo Barrera que el asunto no es si se militariza o no el país, sino cómo buscar acciones para alcanzar mejores índices de seguridad.
Pero además, defendió la iniciativa presentada por una legisladora federal priista y le reviró que hasta el momento, ningún gobernador de Acción Nacional ha solicitado retirar de sus entidades a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
