Ruth Salazar
Huasteca Hoy
Nuevamente el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, rechazó hacer un espacio en su agenda para recibir a Esperanza Lucciotto, así como los representantes de Amnistía Internacional y de Fundación para la Justicia (FJEDD), quienes agrupan a los familiares de alrededor de 100 víctimas de feminicidios, casos que permanecen sin esclarecer en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Esta mañana, mientras Esperanza Lucciotto, madre de Karla Pontigo, ofrecía una rueda de prensa en el memorial ubicado en una esquina de Plaza de Armas, con motivo de la conmemoración del décimo aniversario del feminicidio de su hija, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, ingresó al Palacio de Gobierno por la puerta de la Secretaría de Finanzas, custodiado por varios de los integrantes de su equipo de trabajo.
Al no tener respuesta por parte del mandatario estatal, Esperanza le pidió un poco de empatía por el dolor de las madres y familiares de las mujeres que han asesinadas en San Luis Potosí, en la búsqueda de justicia piden la creación una fiscalía especializada en feminicidios, con la finalidad de que se puedan “desenterrar” las decenas de casos que permanecen en investigación, sin que haya justicia.
Esperanza le pidió al mandatario que haga un espacio en agenda para que la reciba el próximo 28 de octubre, cuando se cumplen 10 años del feminicidio de Karla, con la finalidad de expresarle sus preocupaciones, petición que fue respaldada por Gabriela Gutiérrez, presidenta de FJEDD, quien externó que ven con preocupación que el mandatario estatal no las haya querido recibir desde diciembre de 2022.
En ausencia del gobernador, le fueron entregadas al subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, Ángel Santiago Hernández, 66 mil 98 firmas de personas que suscribieron la petición de la campaña internacional #10AñosSinKarla, en la que se exige justicia para Karla Pontigo y su familia.
También piden la investigación de los funcionarios involucrados, quienes se encuentran adscritos a la FGE, y que en su momento cometieron diversas irregularidades en la investigación de la muerte violenta de Karla, tales como no proteger la escena del crimen; no tomar fotografías de la escena del crimen; evitar proteger la cadena de custodia de las muestras y las pruebas; negar a la familia acceso al expediente desde el primer momento; entre otras.
