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Al señalar que en México las Fuerzas Armadas mexicanas han cometido numerosas violaciones de derechos humanos en años recientes, diversas ONG mexicanas y estadounidenses señalaron que la reforma aprobada por el Congreso para que elementos castrenses participen en tareas de seguridad hasta el 2028, ignora los 15 años de evidencia que muestran el fracaso de la militarización como estrategia para controlar la violencia.
En una carta abierta y de cara al Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre México y el vecino país, programado para este jueves, las ONG, entre las que destacan Amnistía Internacional México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Human Rights Watch, Washington Office on Latin America y el Robert F. Kennedy Human Rights, externaron su preocupación por el avance de la militarización en el país.
“Nos preocupa profundamente que el gobierno mexicano haya redoblado su apuesta por el despliegue militar en tareas policiales como eje principal de su modelo de seguridad pública. En septiembre de 2022, el Congreso mexicano aprobó la propuesta presidencial de incorporar a la Guardia Nacional —fuerza de seguridad federal en México que en teoría es de naturaleza policial— a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este cambio deja al país sin policía federal civil y otorga las tareas policiales federales exclusivamente a instituciones militares”, señalaron.
Aseguraron que esa reforma contradice los estándares internacionales de derechos humanos y desconoce más de 15 años de evidencia que muestra el fracaso de la militarización como estrategia para controlar la violencia.
“Las fuerzas armadas mexicanas han cometido numerosas violaciones de derechos humanos en años recientes, generalmente sin rendir cuentas. Mientras el gobierno mexicano asigna cada vez más papeles y recursos a las instituciones militares, México no está priorizando debidamente la consolidación de instituciones civiles de seguridad y justicia capaces y confiables, aun cuando éstas representan el único camino sustentable hacia un mayor acceso a la seguridad y la justicia”, expresaron.
Destacaron que México sigue viviendo niveles récord de violencia letal, con más de 35 mil homicidios registrados en cada uno de los últimos cuatro años y una crisis de más de 105 mil personas desaparecidas y no localizadas, de las que la mitad fueron vistas por última vez en los últimos seis años, mientras que en Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que unas 108 mil personas fallecieron por sobredosis de drogas en 2021.
Dirigida al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, la carta expone que urgen acciones basadas para superar los retos enfrentan las comunidades de Estados Unidos y México en materia de seguridad y salud pública.
Las ONG reconocieron la medidas encaminadas a disminuir el tráfico de armas por parte del gobierno estadounidense, pero destacaron la necesidad de mayores acciones por parte de la Unión Americana para reducir el flujo ilícito de armas al país.
