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CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESA), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe anual sobre la situación de estos derechos en cada país integrante.
En el capítulo de México, en el apartado de Educación, ciencia, tecnología: libertad académica y autonomía universitaria, la REDESA expresa su “profunda preocupación” por la investigación de la Fiscalía General de la República contra los 31 científicos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.
La REDESA afirma estar enterada que se le acusó al grupo de académicos por los delitos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y peculado por la “presunta” presunta organización criminal conformada por exintegrantes del Conacyt y de la Mesa Directiva del Foro, para “transferir recursos del Conacyt al foro de manera ilegal”. Sin embargo, destaca que los 31 científicos habrían aclarado que las transferencias se realizaron de acuerdo con la normativa:
“Ante estos señalamientos, la Relatoría Especial observa que las personas imputadas habrían aclarado que todas las transferencias que se realizaron fueron hechas con base a la normativa vigente como parte de las investigaciones que se realizaron, y presentaron balances positivos en su gestión”, se lee en el informe.
La Relatoría sostiene que las instituciones académicas son importantes para “la construcción de Estados plurales, democráticos y diversos”, por lo que es necesario garantizar “el libre ejercicio de investigación siendo el derecho penal o punitivo usado como última instancia, analizando con especial cautela, el dolo, las características del daño causado y otros elementos que pongan de manifiesto la necesidad de utilizar el sistema penal”.
