Martes 07 de Mayo de 2024

Proponen reformar leyes estatales para erradicar la impunidad

Rubén Pacheco Huasteca Hoy Con el objetivo de obtener un instrumento eficaz para erradicar la impunidad, el abogado José Mario de la Garza Marroquín propone expedir la Ley de Protección al Denunciante y Testigo de Corrupción del Estado de San Luis Potosí. Derivado de la moción, valora necesario reformar las leyes del Sistema Anticorrupción del […]

Rubén Pacheco

Huasteca Hoy

Con el objetivo de obtener un instrumento eficaz para erradicar la impunidad, el abogado José Mario de la Garza Marroquín propone expedir la Ley de Protección al Denunciante y Testigo de Corrupción del Estado de San Luis Potosí.

Derivado de la moción, valora necesario reformar las leyes del Sistema Anticorrupción del Estado y de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios, así como el Código Penal del Estado.

Explicó que el proyecto se compone de 53 artículos divididos en 12 capítulos, cuyo contenido destaca los elementos importantes, como la protección a denunciantes y testigos y los estímulos.

Expuso que la revelación de datos considerados como confidenciales por parte del denunciante se establece la presunción general de que es mayor el beneficio social obtenido al combatir los actos de corrupción, que la prohibición de divulgar información reservada o confidencial.

Puntualiza que son indispensables las reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal del Estado, a fin de incorporar la posibilidad de que, en los casos en que el denunciante o testigo esté involucrado en los hechos, su cooperación se tome en cuenta para la imposición de las sanciones correspondientes, para faltas administrativas graves y no graves, así como para los delitos por hechos de corrupción, tanto para particulares como para servidores públicos.

En síntesis, describe que la ley busca “establecer las normas, procedimientos, medidas y mecanismos para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción, susceptibles de ser investigados y sancionados administrativa o penalmente, y para proteger al funcionario público o a cualquier persona que, de buena fe, denuncie dichos actos o testifique sobre los mismos”.

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