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La Secretaría de Salud debe dar a conocer la información relativa a los países que han solicitado a México vacunas contra Covid donadas y el total de donaciones hechas; las naciones a las que el país requirió vacunas donadas y el número de donaciones recibidas, así como la cantidad de vacunas que fueron compradas.
Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), luego de que un particular solicitó dichos datos, mismos que le fueron negados bajo el argumento de que darla a conocer conllevaría a la afectación de las obligaciones pactadas, lo que a su vez daría paso a un problema de salud pública, “porque se estarían obstaculizando o bloqueando acciones tendientes a prevenir o combatir epidemias o enfermedades exóticas en el país, y se posibilita la destrucción, la inhabilitación al sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico e indispensable para la provisión de bienes y servicios públicos”.
Ante esa respuesta, la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el Inai; por lo que en el análisis del caso, a cargo de la ponencia del comisionado Adrián Alcalá Méndez se advirtió que la información solicitada “no representa una amenaza, pues sólo se requieren, principalmente, datos numéricos”.
Recordaron que incluso el propio gobierno mexicano ha dado a conocer información sobre donaciones a través de diferentes conferencias matutinas, entre la que destaca que la embajada de Estados Unidos anunció la llegada, en donación, de tres millones 402 mil 900 dosis de la vacuna AstraZeneca y que, con una quinta entrega, dicho país aportó 10 millones 980 mil 900 dosis de vacunas a México.
También, en otro momento, se dio a conocer la donación por parte del Gobierno Mexicano de un millón de dosis de vacunas de Astra Zeneca a Ecuador; 480 mil 800 vacunas a Guatemala, al Salvador y a Honduras, así como 10 mil vacunas a San Vicente y las Granadinas; y dos mil a República Dominicana.
Por ese motivo, se concluyó que la información solicitada no representa un riesgo a la seguridad nacional, “ya que no se trata de datos específicos sobre el procesamiento de vacunas, sus protocolos de seguridad o datos, cuya difusión pudiera potenciar, eventualmente, una amenaza”.
