Jaime Hernández
Huasteca Hoy
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene previsto realizar 57 auditorías a diversas al ejercicio del gasto que dependencias de los tres niveles de gobierno realizaron el año pasado, incluyendo los libros blancos de varias obras realizadas por el gobierno de Juan Manuel Carreras López, algunas de las cuales se han visto envueltas en la polémica y la sospecha de anomalías.
El viernes pasado, la ASF publicó en el Diario Oficial de la Federación su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.
La revisión incluirá el último año de las administraciones estatal y de los ayuntamientos.
El único ente federal fiscalizado que aparece en el programa es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la que le será revisado el proyecto de la carretera 085, tramo Portezuelo Ciudad-Valles.
Al gobierno estatal, cuyo año de ejercicio se divide en los primeros nueve meses del gobierno de Carreras López y los últimos tres corresponden a la administración de Ricardo Gallardo, se le realizarán 21 revisiones.
Entre ellas está la del control interno y gobernaza de los libros blancos de los principales proyectos de la administración anterior.
Algunos de ellos, como la Red Metro, la presa de La Maroma, el gasto para enfrentar la pandemia de Covid y la compra de un sistema de cámaras de videovigilancia, han presentado evidencia de anomalías o han sido señalados por diversas irregularidades.
Las revisiones estatales también incluyen la fiscalización de los fondos federales de los ramos 33 y 28, de cumplimiento de las normas de disciplina financiera. A la Secretaría de Salud le corresponderán tres revisiones.
Habrá cinco auditorías a órganos autónomos e instituciones educativas: el Congreso, la UASLP, la Universidad Politécnica, el Cobach y el Cecyte.
A los ayuntamientos, que también coinciden con el término de las administraciones municipales, se les aplicarán 19 auditorías, que abarcan a 15 municipios.
La capital, soledad de Graciano Sánchez, Aquismón y Tamazunchale afrontarán dos auditorías federales, respectivamente.
