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El nicaragüense Benjamín Villalta no podía creer que una oficina de migración abriera sus puertas en plena madrugada para emitirle a él y a otros 40 migrantes visas humanitarias que les permitirían trabajar y moverse libremente por México durante un año.
“Nos tomaron los datos y como mucho dilatamos media hora”, explicó emocionado a The Associated Press el centroamericano de 39 años que se había unido a una de las caravanas que salieron recientemente de Tapachula, junto a Guatemala, y aceptó la oferta de separarse del grupo para ser trasladado desde el sur de Veracruz a San Luis Potosí, en centro norte del país, y regularizar su situación.
La medida, que hace poco más de un mes hubiera parecido una utopía, supone un cambio de estrategia después de más de dos años de contención de los migrantes y es parte del intento del gobierno mexicano por reajustar su gestión migratoria. Además llegó poco antes del anuncio del restablecimiento del programa “Permanecer en México” por el que los solicitantes de asilo en Estados Unidos volverán a tener que esperar su proceso en territorio mexicano, como durante la administración de Donald Trump.
Ambos planes son fruto de los intentos de los dos gobiernos por aliviar la presión en sus fronteras. México trata de desahogar la concentración masiva de migrantes en Tapachula y neutralizar las caravanas que han salido recientemente de esta ciudad. Con “Permanecer en México”, una política que Joe Biden paralizó pero que se ha visto obligado a reimplantar para acatar una orden judicial, Trump pretendía desalentar que los migrantes crucen a Estados Unidos devolviéndolos a algunas de las ciudades mexicanas con mayor violencia de los cárteles.
