Ante el escenario del incremento de los contagios por COVID-19, Renace San Luis logró con un amparo que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito ordenara a las autoridades analizar los casos de las personas privadas de su libertad en el penal de La Pila, para que puedan ser preliberadas quienes sean de baja peligrosidad y no hayan cometido delitos graves.
El presidente de Renace San Luis José Mario de la Garza Marroquín señaló que de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se tiene registro que en las cárceles del país hay 112 muertes por COVID-19 y 224 casos sospechosos.
“En el interior de los penales hay déficit de médicos, imposibilidad para el aislamiento, sobrepoblación, falta de medicamentos y pruebas, prácticamente no existe la garantía del acceso a la salud”, señaló.
Las autoridades responsables tendrán veinticuatro horas para dar cumplimiento a lo establecido en la suspensión y rendir su informe, para evitar hacerse acreedoras a una multa.
