Rubén Pacheco
[Huasteca Hoy]
De las 6 cárceles estatales existentes en San Luis Potosí, hasta el 25 de abril pasado se han realizado 8 pruebas diagnósticas a personas privadas de la libertad, sospechosas del virus SARS-Cov-2, causante de la Covid-19, según datos del Informe Especial Covid-19 en Centros Penitenciarios de México.
La investigación precisó que hasta el momento solo se tiene registro de un deceso. Otros 6 estados del país tienen al menos un fallecimiento. Con 5 muertes, el Estado de México, es la entidad con más defunciones.
El estudio elaborado por la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), detalló que los citados complejos tienen una población de 2 mil 554 personas, 2 mil 439 hombres y 115 mujeres.
De la totalidad, describió la población vulnerable se detalla de la siguiente manera: 160 son indígenas; 386 tienen padecimientos mentales e inimputables; 104 son adultos mayores; 291 tienen una discapacidad o patología; y 23 son extranjeros.
Citó que Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, expresó que se establecieron guardias en los juzgados especializados en materia de Ejecución, para la tramitación de casos considerados urgentes y, por tanto, de trámite inmediato.
Entre ellas, las relacionadas con gestiones previas a la inminente compurgación de la pena o que tengan relación con la libertad personal; beneficios preliberacionales ya determinados pendientes de ejecución (libertad anticipada y condicionada); acuerdos urgentes sobre condiciones de internamiento que versen sobre atención médica por parte del tercer escalón sanitario (hospitalización), segregación y tortura;
Además, lo relativo a traslados de personas internas; planteamientos específicos en torno al COVID-19 por parte de las personas privadas de la libertad, para ordenar a la autoridad administrativa que adopte las medidas que garanticen la revisión y atención médica.
“Se reitera la importancia de que ante cualquier medida que se adopte a favor de la liberación de esta población y que sea procedente, las autoridades penitenciarias y corresponsables en la materia, incluso a través de las comisiones intersecretariales, deben continuar garantizando las condiciones mínimas que les permita alcanzar los fines de la reinserción social como sujetos plenos de derechos”, expuso el informe firmado por la ombudsman nacional María del Rosario Piedra Ibarra.
