Jaime Hernández
[Huasteca Hoy]
La secretaria de Salud estatal, Mónica Rangel Martínez, confirmó la entrega de 17 contratos, por un monto de 64.9 millones de pesos, a Gabriel Alan Salazar Soto, presidente del Grupo Infinite y señalado por fraude a través de Invercorp Capital Financial, en su carácter de proveedor directo o apoderado legal de otros proveedores.
Con ello, la funcionaria estatal desmintió la postura inicial de la SS, de rechazar cualquier relación con las compañías o empresarios involucrados con el escándalo financiero.
Ayer, en una conferencia de prensa, Rangel Martínez confirmó que entre 2017 y 2018, Salazar Soto recibió de manera directa como proveedor, cinco contratos. Mientras que, en el mismo lapso, otros doce se firmaron con personas morales en las que Salazar Soto aparecía como apoderado legal.
Los documentos establecen un monto por esos contratos asciende a los 64.9 millones de pesos.
Ninguno de esos contratos, acotó, se firmaron con las empresas Proshine, Scoltta, Grupo Infinite o Invercorp Capital Financial, todas relacionadas con Salazar Soto, quién es acusado de fraude por inversores de esta última empresa, declarada en concurso mercantil.
Pese a ello, el reconocimiento dela secretaria contradice lo establecido en un comunicado emitido por el gobierno estatal el pasado miércoles 27 de mayo, en el que la dependencia reportó que, por instrucciones de la propia Rangel Martínez, realizó una investigación “para deslindar a la institución, de haber beneficiado presuntamente a un empresario o a alguno de los corporativos de Invercorp o algunos asociados a éste, toda vez que actualmente la dependencia estatal no cuenta con relación alguna a las empresas señaladas”.
La funcionaria argumentó que los contratos de ambos años fueron reportados a la Auditoría Superior del Estado en las respectivas cuentas públicas. De 2017, indicó, ya no hay acciones por atender, mientras que la de 2018 está en proceso de revisión.
Al respecto, de acuerdo al informe final de auditoría de la ASE de ese ejercicio, de los 63.9 millones de pesos observados en irregularidades a la secretaría, el mayor monto entre las dependencias del Ejecutivo, 35 millones de pesos corresponde a irregularidades en contratos con proveedores de servicios como limpieza, impresión, fumigación, promoción y difusión.
Además, la ASE detectó que 14 proveedores de la secretaría no comprobaron las operaciones con la institución ni la dependencia ni fueron localizados en las direcciones presentadas a la SS.
