LA reestructuración de la deuda pública del estado, propuesta al Congreso por el Secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán tendrá un fin más o menos idéntico al de la intención inicial del Gobernador de adquirir una deuda de cientos de millones de pesos para hacer frente a la contingencia sanitaria del Coronavirus, porque aunque se amplían los plazos de pago del dinero en empréstito, lo que se está haciendo es endeudar no en recursos, pero sí en tiempo (que para el caso es lo mismo) a la entidad, pero sin el costo político que significa para los diputados aprobar un endeudamiento en la recta final del Gobernador Juan Manuel Carreras López.
EL asunto es descargar la culpa a los diputados, que piden su cuota de vindicación ante una ciudadanía que francamente ya no cree nada, por eso Pedroza Gaitán pide que se reestructure la deuda ya existente para tener dinero disponible del que no se tendría que ocupar en plazos más breves que los tres sexenios a los que se les van a enjaretar.
EL asunto es que el compromiso seguirá y los más de 14 mil millones de deuda serán abonados en plazos relativamente chiquitos, de menos de mil millones por años, en una entidad que ha estado cerrada a todo por el Coronavirus y que está en el borde del colapso por el simple hecho de que la epidemia ha crecido sin tregua en algunas zonas de la entidad. Parece que este será el último camino.
AHORA bien, en la DAPAS se reunieron para hacer una Junta de Gobierno en la que se aplaudieron unos a otros, tanto directivos como personal del Ayuntamiento, incluyendo al presidente municipal, Adrián Esper Cárdenas, con la finalidad de dar a conocer los planes de acción para deshacerse de la monserga del sector del Sindicato de DAPAS que continúa en huelga desde el pasado 31 de octubre de 2018 y de quienes hasta los mismos sindicalizados de Ballesteros se olvidaron.
PERO sería una imprudencia dejar el asunto en vilo, porque una cosa es cierta: los derechos de los trabajadores están protegidos porque la DAPAS no presentó jamás, en casi dos años, una contrapropuesta al pliego petitorio que Alejandro Ballesteros y su abogado, Matilde Hernández dieron a conocer a la DAPAS (nunca a los medios de manera clara) y que muchos de la misma paramunicipal ni se molestaron en hojear.
AHORA bien, el recurso legal en contra de que los 60 sindicalizados vuelvan está endeble, porque la Ley Federal del Trabajo defiende a los obreros que se han vuelto el peor de los dolores de cabeza de la actual administración, así que quién sabe cómo vayan a solucionar los pendientes.
LO único cierto es que la huelga sigue en pie, como siempre, aunque la DAPAS y el Gobierno hayan cantado victoria el 3 de octubre pasado, cuando desalojaron a los huelguistas de las instalaciones del Agua Potable, con el uso de la fuerza pública.
