Rubén Pacheco
[Huasteca Hoy]
Un trabajador de la Facultad de Derecho de la UASLP cometió presuntos actos de violencia sexual en contra de una catedrática esa entidad académica, reveló una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Por lo anterior, el organismo autónomo local emitió la recomendación 07/2020 a Manuel Fermín Villar Rubio, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Dicho pronunciamiento es el primero que recibe la Universidad en su historia.
Según la información radicada en el expediente 1VQU-0325/2019, la académica comenzó a impartir cátedra en 2017 en la Facultad de Derecho y el 20 de octubre de ese año, cuando se encontraba en el interior del Auditorio “Rafael Nieto Compeán”, fue víctima de violencia sexual por parte del citado empleado.
Detalló que el 7 de marzo de 2017, José Abraham Oliva Muñoz, director de la Facultad, le dijo que ya había platicado con el imputado, quien reconoció haber efectuado los referidos actos sexuales y que estaba muy arrepentido; que no volvería a ocurrir.
Como medida, el directivo ordenó al presunto agresor no tener ningún tipo de acercamiento con la docente, situación en la que la agraviada no estuvo conforme, pues el hecho victimizante consistía en una conducta grave al interior de la UASLP.
Hasta el 28 de junio de 2018, fue notificada que el asunto fue turnado la Defensoría Derechos Universitarios. La quejosa solicitó la implementación de medidas precautorias como el cambio de adscripción mientras se integraba y resolvía el expediente.
Al respecto, la Defensoría comunicó el 28 de agosto de 2018, que encontró responsabilidad en contra del imputado, por lo cual, se sugería imponer una sanción correspondiente a la suspensión de sueldo y funciones por un período de 6 meses.
Debido a esa resolución, la profesora manifestó su inconformidad al referir que estaba incompleta y no se había realizado ningún pronunciamiento hacia todos los involucrados en el expediente. Por tal motivo el 28 de septiembre del 2018, presentó un recurso de impugnación ante la oficina del abogado general.
El 26 de septiembre de 2019, la Defensoría informó a la afectada la determinación de 16 acciones concretas, entre ellas la confirmación de responsabilidad del señalado por actos de violencia sexual.
La indagatoria detalló que en la actualidad, la catedrática recibe atención derivada del trauma psicológico provocado por las agresiones, acompañado de crisis de ansiedad, ataques de pánico y episodios de llanto. Ya lleva un año y ocho meses en ese tratamiento, el cual deberá continuar hasta lograr una recuperación total del evento, acotó.
La CEDH enfatizó que como medida precautoria, la maestra fue retirada de su lugar de adscripción original dentro de la Facultad de Derecho, lo cual, si bien es una medida contemplada en el Protocolo de la UASLP, debe ser temporal. “Entonces el perpetrador y no la víctima deberían ser quien enfrente el procedimiento respectivo fuera de su espacio habitual de labores”, planteó.
En conclusión, la CEDH recomendó a Villar Rubio: reparación integral del daño y colaborar en la inscripción de la afectada en el Rregistro Estatal de Víctimas; que la Contraloría General Universitaria indague y dé pronta resolución al procedimiento administrativo hacia el trabajador imputado; realizar un análisis minucioso tendiente al mejoramiento y efectividad del Protocolo para la erradicación del acoso; y diseñar e implementar a todo el personal de la UASLP, un curso de alta formación y capacitación en materia de atención a la violencia contra las mujeres.
