Redacción
[Huasteca Hoy]
CIUDAD VALLES. El representante legal del ejido Plan de Ayala, Luis Ángel Contreras Malibrán, formalizó la denuncia en contra de casi una veintena de personas, por el conato de bronca que sucedió el lunes pasado en la colonia Buenos Aires.
La querella la interpuso Miguel, en contra de Ana Zarca y unas veinte personas más, entre ellas el líder de la organización Antorcha Campesina, Reyes Ávila Obispo, por los delitos de despojo, amenazas, daños y los que le resulten.
Según el abogado, su defendido tiene escrituras que acreditan la propiedad de una parcela ubicada en la calle Trabajadores de la Construcción esquina con Oriente 2 de la colonia Buenos Aires, que pertenece al ejido Plan de Ayala, y el lunes fue a colocar unos postes para edificar una vivienda rústica.
Llegó en compañía de la juez auxiliar de Plan de Ayala, Beatriz Treviño, y otras personas, cuando supuestamente llegó Ana Zarca, se metió corriendo y se introdujo a un cuarto de madera y lámina que ya había al interior, donde encerró y empezó a gritar que la tenían secuestrada. Posteriormente llegaron varias personas armadas con machetes y palos, así como Reyes Ávila, quienes a empujones sacaron a Miguel y a las personas que lo acompañaban, además de que los amenazaron de muerte.
Este asunto se suma a otros más, donde incluso ya hay órdenes de desalojo, pero no se han realizado, “hay seis órdenes de aprehensión que el Gobierno del Estado y la Fiscalía General de Justicia mantienen ocultas, en contra de gente de Antorcha Campesina, de manera concreta señalo a Reyes Ávila Obispo, y ellos lo saben, es la carpeta que tiene el Juez de Control con número 188/2018”, refirió Contreras Malibrán.
Por eso dice que hace responsable a la Fiscalía General del Estado, al Gobierno del Estado y al Poder Judicial, de cualquier hecho de sangre que pueda ocurrir en ese sector, “porque es una omisión de las autoridades estatales.
“Ya estoy creyendo lo que él mismo (Reyes) asegura, que el Gobierno del Estado está con ellos, que los tiene comprados, pero a través de amparos estamos tratando de obligar al Ministerio Público y a la Fiscalía, a través de un juez federal, a que cumplan”.
