Leonel Mora
[Huasteca Hoy]
Respecto al fallo judicial del caso de la “Fiesta Fantasma”, la auditora superior del Estado, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, adelantó que la institución a su cargo buscará lograr la inhabilitación hasta por 20 años de los ex funcionarios implicado en el desvío de 600 mil pesos del erario durante diciembre del 2017.
Mencionó que la ASE nunca estuvo de acuerdo en que los implicados pudieran acceder a la salida de reparación del daño, aunque reconoció que “esto es mejor a que exista total impunidad”.
Con base en los comentarios de los abogados de la Auditoría, la funcionaria explicó que, para los responsables del desvío de 600 mil pesos del erario, se buscaban siete años y medio de pena corporal y que, de acuerdo a la Ley, la reparación del daño solo aplica en penas de cinco años hacia abajo.
“Fue la jueza (Dora Irma Carrizales Gallegos) quien decidió que sí aplicaba esta reparación, ya que a final de cuentas lo que se pretendía era reintegrar el dinero sustraído del patrimonio público”, explicó.
Cervantes Salgado dijo que existe la posibilidad de apelar el fallo en los próximos cinco días, lo cual se está valorando. Los mismos implicados tienen pendiente la resolución de otros dos casos, el de la “Nómina Secreta” y el de Pensiones, este último por alrededor de 34 millones de pesos.
Para las dos acusaciones pendientes, los involucrados ya no tendrían el beneficio de apelar a la reparación del daño.
Además, la auditora superior adelantó que los responsables de la “Fiesta Fantasma” todavía pueden ser sujetos de una sanción administrativa, la cual podría ser inhabilitación de la función pública por un mínimo de cinco años, medida que tendría que emitir el órgano interno de control de la Auditoría Superior del Estado (ASE), una vez que el Congreso del Estado nombre a su titular.
Rocío Elizabeth precisó que la reparación del daño asciende a 721 mil 654 pesos, de los cuales ya se depositaron 350 mil pesos. Lo recuperado se destinaría a compra de equipo e inversiones en infraestructura de la misma dependencia, aunque advirtió que cualquier incumplimiento del acuerdo por parte de los implicados, dejaría sin efecto el proceso.
