EL litigante Luis Ángel Contreras Malibrán, panista de cepa y competidor hace poco por la presidencia del Comité Directivo Municipal del PAN, se aventó una acusación bastante grave al decir que la Delegación de la Fiscalía General del Estado en Valles tenía una especie de colusión con los invasores de la Buenos Aires y los líderes (no dijo cuáles, aunque el nombre de Irma Cardoza sigue sonando), porque a propósito no habían efectuado el desalojo de los habitantes de un predio de 2.6 hectáreas que inicia en la intersección de las calles Trabajadores de la Construcción y Oriente 5 de ese sector, hoy en la mañana…
RESULTA ser que hace un año, el litigante y la fuerza pública ya habían intentado restituir ese predio que pertenece a un ejidatario de nombre Manuel Escobar, pero en aquella ocasión se toparon con una resistencia de los llamados “invasores”, por la ley, basada en machetes, piedras y palos y hoy, la misma fuerza pública, conformada por Policías de Investigación, Estatales y Municipales se apersonó en la intersección referida a las siete de la mañana, pero a las siete y media de la mañana se retiraron, porque no había llegado ni la parte ofendida, -a quien se tenía que restituir-, ni la representación legal, en la persona de Luis Ángel Contreras…
SIN embargo, Contreras alegó que se tenía que haber llevado a cabo el desalojo, con o sin la presencia de Escobar o de él mismo, porque es un ordenamiento judicial, de un Tribunal Colegiado de la capital del estado, razón suficiente para ejecutar la diligencia, así que la suposición de Contreras es que las autoridades están a favor de los que ilegalmente ocupan esos predios, aunando a la fórmula el factor político, ya que Contreras, en otras ocasiones ha acusado que el también abogado, José Matilde Hernández Méndez (representante del Sindicato de DAPAS y del Sindicato Independiente del Ayuntamiento), el ex alcalde Juan José Ortiz Azuara y hasta el mismo Jorge Terán, estos últimos, ex alcaldes priistas, han brindado un protectorado sistemático a los invasores, porque han sido capital político para ellos durante años y años, pasándose ese protectorado a la Fiscalía General…
EL problema es que los invasores siguen viviendo ahí, con la certeza de que ya pagaron (ilegalmente) sus predios a los líderes y dispuestos a todo para que no los desalojen, una fuerza pública tibia que “se lava las manos como Pilatos# para no quedar mal con un ala de la política local y estatal, mientras el litigante y el dueño del predio siguen haciendo rabietas porque no pueden despojar de esas tierras a quienes se establecieron ilegalmente hace ya décadas…
NO es un problema menor, es mayor, porque el ofendido no alcanza la justicia debido a la política, aunque no ejecutar una orden judicial es motivo de cárcel por desacato y el Tribunal Colegiado tendrá que buscar a la persona más fácil para que pague por no hacer la diligencia o por retrasar ese acto que es justo para Escobar, pero es injusto para un sistema político que prevalece, a pesar de los cambios ocurridos en el país.
