Leonel Mora
[Huasteca Hoy]
Las cifras delictivas en alza permanente, los sucesos violentos en el estadio “Alfonso Lastras Ramírez” y las magras estrategias de seguridad para el interior del estado, fueron los temas que más destacaron en las casi cuatro horas de comparecencia de ayer de Jaime Ernesto Pineda Arteaga ante diputadas y diputados locales.
El cuestionamiento más directo vino de parte del legislador del Partido Verde, Edgardo Hernández Contreras, quien pidió la renuncia del funcionario al considerar que le falta preparación para el puesto y que solo está al frente de la Secretaría “por quién sabe qué compromisos grandes del gobernador Juan Manuel Carreras López”.
Rubén Guajardo Barrera, del PAN, presentó cifras que desmienten que San Luis Potosí esté mejor que otros estados en los índices delictivos y mostró que, sobre todo, la percepción de inseguridad de la población no hace otra cosa que incrementarse año con año, a lo que Jaime Pineda respondió que los datos se deben leer “por cada 100 mil habitantes”, criterio en el que el estado sí sale mejor calificado, según él.
La morenista Marite Hernández Correa señaló casos de corrupción dentro de la dependencia de Pineda Arteaga, especialmente en temas de vialidad, así como la falta de atención a peticiones de protección para mujeres, defensores de derechos humanos y periodistas.
Con Alejandra Valdés Martínez, también de Morena, se abordó el tema de las cámaras de vigilancia, de las cuales, el secretario de Seguridad Pública dijo que para el 2020 espera contar con dos mil de ellas instaladas en el estado, algunas de ellas con capacidad de reconocimiento facial, además de arcos detectores de placas de automóviles, lo que en su opinión permitirá abatir la delincuencia en un gran porcentaje.
Los diputados priistas Martín Juárez Córdova y Héctor Mauricio Ramírez Konishi abordaron temas como los policías que incurren en delitos o las estrategias para combatir el tráfico creciente de la droga “cristal”, sobre todo entre los jóvenes y en las fiestas llamadas “raves”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, Rolando Hervert Lara, pidió en su intervención que se esclarezcan los hechos violentos en el estadio potosino y que haya castigo para los agresores.
También solicitó que continúen las reuniones regionales de seguridad en la Huasteca, las cuales han posibilitado, por ejemplo, profesionalizar a 102 policías de diversos municipios que antes eran solo “civiles uniformados”, como los llamó Ernesto Pineda.
En el tema presupuestal, el diputado Óscar Carlos Vera Fabregat señaló que el Congreso deberá fortalecer la capacidad de maniobra de la Secretaría lejos de criterios partidistas, advirtiendo que no se debe esperar que la solución venga de lo federal, del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “y tampoco del secretario Alfonso Durazo Montaño, que después de lo que sucedió en Culiacán, Sinaloa, él ya es hombre muerto”. Enseguida, despreció las cifras “que solo sirven para engañar a la gente, pues vienen del escaso porcentaje de la gente que se atreve a denunciar los delitos”.
La diputada María del Rosario Sánchez Olivares, del PRI, llamó a no ser adversarios en los temas de seguridad, sino “colaborar en aquello que coincidimos, pues nadie quiere un San Luis en llamas, sino un estado seguro”.
Angélica Mendoza Camacho, morenista, retomó el tema de la violencia futbolera del domingo pidiendo datos concretos de elementos de seguridad participantes, lesionados y detenidos. En su respuesta, Pineda Arteaga dijo “nos dedicamos más a las familias que a detener personas. En estos casos, prohibir la entrada a las porras visitantes nos ayudaría mucho a prevenir que haya violencia”.
El funcionario defendió mejoras logradas en la calidad de vida de los policías, resultados con operativos en Soledad de Graciano Sánchez y llamó a las y los legisladores a invertir más en seguridad, sin verlo como un gasto, a lo que la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez respondió que “toda inversión requiere de pruebas de que está siendo redituable”.
La congresista igual abordó el tema de las condiciones de las mujeres reclusas en San Luis Potosí, pidiendo la creación de un centro penitenciario exclusivo para ellas, con presencia de un médico ginecólogo y otros servicios para cumplir con especificaciones nacionales e internacionales.
En la recta final, Rolando Hervert preguntó al compareciente por los equipos de espionaje adquiridos durante el sexenio de Fernando Toranzo Fernández, de los cuales, el aludido dijo que no están en poder de su dependencia y que ignora dónde están, o con quién.
Al final, hubo un segundo “round” de la guerra de cifras entre el diputado Rubén Guajardo Barrera y Ernesto Pineda, en el cual cada uno defendió su postura respecto a si San Luis Potosí está mejor o peor respecto a los indicadores nacionales del delito y en comparación a estados vecinos como Guanajuato, Tamaulipas o Veracruz.
