Rubén Pacheco
[Huasteca Hoy]
Después de tener extraviado el expediente original –que motivó una recomendación- de la desaparición de un autobús de la línea Pirasol con 29 pasajeros en 2010, la Fiscalía General del Estado (FGE) ya localizó el documento, informó Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
El 15 de marzo de 2010, un autobús de la línea “Pirasol” con 40 jornaleros partió del municipio de Xilitla con dirección al municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, sin embargo, nunca llegó a su destino y todavía en la actualidad se desconoce la ubicación de las personas, según versiones de las familias, indicó la CEDH EN la Recomendación General No. 01/2018 emitida el 28 de mayo de 2018 a la FGE.
López Espinosa refirió que además de la ubicación del archivo, la Fiscalía ha recuperado las diligencias realizadas posteriores a la emisión de la Recomendación, y mantiene colaboración con la CEEAV y la Unidad especializada al respecto.
Sobre la recuperación de los archivos, comunicó en entrevista que, según la FGE, durante una revisión de sus archivos, apareció la carpeta “o sea, no hay mayor explicación”, comentó.
De acuerdo con el ombudsman local, dentro de 15 días la CEDH participará en una reunión con los familiares en el municipio de Ciudad Valles, a donde también acudirá la Unidad de Personas Desaparecidas de la FGE.
“Tenemos el caso Pirasol, que es un caso muy público, que mes con mes estamos dando infamación a las víctimas (…) Mes con mes se está dando la información puntual de los avances de las mismas, desde luego estos avances por tratarse de una investigación de índole penal, pues no se pueden dar a conocer a toda la comunidad”, precisó.
Entre los puntos recomendatorios del informe, la CEDH expuso: que en la página web haya un espacio donde se informen los avances de la indagatoria y versiones públicas de la averiguación previa como de la carpeta de investigación; e iniciar una carpeta de investigación en contra de los funcionarios responsables.
Asimismo, iniciar un procedimiento administrativo hacia dicho personal gubernamental; y añadir a las víctimas indirectas en las mesas informativas con las autoridades, a fin de que puedan aportar datos.
