Rubén Pacheco
[Huasteca Hoy]
La Ley Federal de Extinción de Dominio en manos de un gobierno que no tenga limitaciones y que pueda utilizar acciones para atacar, inclusive a contrincantes políticos, podría “fabricar” acusaciones, advirtió José Mario de la Garza Marroquín, abogado y ex presidente nacional de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados (BMA).
“Se mediatiza, se inicia una investigación en la Fiscalía, van por tus bienes y los venden, pues bueno, la posibilidad de resarcir eso va a ser contra el tiempo, muy costoso y cuánto dinero te costaría entonces demandar al estado para que te resarcieran”, argumentó.
En entrevista telefónica, el abogado opinó que el “mayor riesgo”, es que aún y cuando no se haya resuelto la responsabilidad de las personas involucradas, el estado podría vender los bienes.
Por ello, describió que se otorga la facultad de iniciar los procedimientos, vender los bienes y si después se llegar a comprobar que el imputado es inocente o no tenía responsabilidad en la acción ilícita, se otorgará una indemnización.
“Pero, de entrada, ya se te estaría catalogando como culpable, se estaría afectando tus bienes y después tu tendrías que buscar que el estado te recuperara o te resarciera, entonces vemos que ahí pude haber una acción complicada”.
La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó la referida legislación con la cual el gobierno federal podrá disponer de ingresos, obtenidos mediante el decomiso de bienes de ciudadanos vinculado con delitos de corrupción y delincuencia organizada.
Además del ejemplo anterior, refirió que quienes renten un inmueble, de acuerdo con el mecanismo, puede ser objeto de un proceso de extinción de dominio si en el lugar se cometió algún delito, y la forma de defenderse del propietario de la misma, es un procedimiento “bastante complejo” que lo pones en riesgo de perder su bien pese a rentarlo de buena fe.
De la Garza Marroquín valoró que la referida legislación, es “totalmente” en contra el principio de presunción de inocencia y del debido proceso “esta posibilidad de vender bienes, estaría presuponiendo que ya era culpable sin haber concluido el proceso”.
Para el jurisconsulto, políticamente es complejo que los partidos promuevan una impugnación, dado que se pensaría que se está en desacuerdo con darle herramientas al estado para combatir al crimen organizado. “Entonces, la lectura política es compleja”.
Vaticinó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) podría presentar una acción de inconstitucionalidad hacia la citada ley, una vez que ésta sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
