Rubén Pacheco
[Huasteca Hoy]
Durante el periodo vacacional aumentan entre 20 y25% el registro de llamadas falsas; quienes las realizan principalmente son niños y adolescentes, reportó Óscar Segura Rodríguez, delegado estatal de Cruz Roja Mexicana.
Explicó que el personal de cabina detecta a los menores de edad, porque cuenta con grabación de llamadas y detección de números, por lo cual, se logra la ubicación de recurrencia de los llamados.
Aunado a ello, refirió que los radiocomunicadores, mediante un protocolo de cuestionamientos, detectan que la solicitud de atención es falsa porque no concuerda con el contexto de la urgencia, además que quien habla terminar por colgar.
Describió que el citado delito ocasiona saturación de las líneas telefónicas de emergencia, sobre todo, evita atender verdaderos llamados de auxilio, en donde es de vital importancia la presencia de los socorristas.
“Un factor que se nos incrementa, obviamente son las llamadas en falso. De 100 llamadas el 90 por ciento son falsas (…) Definidamente se empieza a notar casi luego luego al inicio (de las vacaciones)”, refirió.
El delegado estatal reconoció que si procedieran con la presentación de denuncias penales en la Fiscalía General del Estado (FGE), la institución se vería obligada a destinar recursos para adquirir los servicios de un despacho, “y la verdad, no nos da”.
Acotó que, aunque no interpone las querellas, cuando se tiene localizados los números recurrentes, el personal se comunica a los mismos y exhorta a quien responde, evitar la comisión de los referidos actos.
Los artículos 278 y 279 del Código Penal del Estado establecen como delito, hacer falsas solicitudes de auxilio a instituciones de seguridad y de auxilio, estableciéndose penas de uno a 4 años de prisión, y sanción pecuniaria de 100 a 400 días del valor de la unidad de medida y actualización (UMA) vigente en el momento de la comisión del delito para el primer caso.
En el segundo, las sanciones disponen que: hay pena de prisión de 6 meses a 3 años de prisión, y sanción pecuniaria de 60 a 300 días del valor de la unidad de medida y actualización (UMA) vigente en el momento de la comisión del delito.
