Rubén Pacheco
[Huasteca Hoy]
Debido a que el Hospital General de Ciudad Valles carecía de personal e infraestructura, una paciente enferma con un padecimiento ginecológico tuvo que acudir a una clínica particular para ser atendida; desembolsó 30 mil pesos, reveló la Recomendación la No. 12/2019 de la CEDH, emitida a Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (SSA).
El organismo autónomo local en el expediente 2VQU-122/2017, detalló que el 24 de abril de 2017 ingresó al área de ginecología, para aplicación de protocolo de hemotransfusión por hemoglobina de 4.2, con transfusión de 3 paquetes globulares, y uno de plasma fresco congelado y se realiza ultrasonido abdominal pélvico.
Indicó que, por criterio del médico, al no ser una urgencia se difiere procedimiento quirúrgico y por la consulta externa, se realiza reprogramación y seguimiento, se dejan indicaciones de cita abierta a urgencias en módulo mater en caso de signo de alarma del sangrado abundante, cita en ginecología y obstetricia el 2 de mayo de 2017.
La indagatoria expuso que el esposo de la mujer, habló con el director el 3 de julio de 2017, quien le informó que daban de alta a su familiar, puesto que la operación que tenía que realizarse tardaba alrededor de cuatro horas y que no podían perder mucho tiempo con una sola paciente.
Según el cónyuge, el directivo comunicó que la operación en otro lugar tendría un costo de 36 mil pesos, por lo que solicitó un documento donde el hospital se hiciera responsable por las complicaciones que pudiera presentar al no ser intervenida en el Hospital, a lo que respondió que no podía entregar algún documento, pues podía acudir al área de urgencias por cualquier tipo de complicación.
La paciente fue dada de alta hospitalaria el 2 de mayo de 2017, y el 5 de mayo de ese mismo año acudió con un médico particular, quien le indicó que no era necesaria la extracción del útero y podía intervenirla para eliminar miomas. El costo del procedimiento fue de 30 mil pesos.
De acuerdo con la opinión de un perito del Colegio de la Profesión Médica del Estado (CPME), la atención no fue adecuada, ya que al ingresar sólo es valorada por médico general de área de urgencia, no hay nota de valoración y exploración ginecológica al ingreso.
Recalcó que no fue oportuna porque se realizó primera miomectomía el 25 de septiembre de 2015, no tuvo un seguimiento y control adecuado por parte del servicio de ginecología, pues presentó recidiva a los 2 años y anemia de 4.2 grm/dl.
Advirtió que, al no realizar exploración ginecológica completa, no diagnosticaron extensión y localización de mioma y la posibilidad de poder realizar cirugía vaginal para corrección mientras estuvo internada.
La investigación asumió que, el estado “debe tener la capacidad y la infraestructura para resolver la demanda de servicios de área ginecológica no sólo obstetricia y tener el personal especializado y suficiente para realizar una atención eficiente y de calidad”.
La CEDH emitió cuatro puntos recomendatorios a Rangel Martínez: colaborar en la inscripción de la afectada en el Registro Estatal de Víctimas; y que el nosocomio cuente con la capacidad suficiente en espacio y personal médico especializado que resuelva en tiempos razonables problemas quirúrgicos.
Asimismo, instruir a que la Contraloría Interna indague a los médicos inmiscuidos e inicie un procedimiento administrativo; y capacitar al personal del hospital en la Norma Oficial Mexicana NOM-004- SSA3-2012 del expediente clínico, y de la Guía Práctica clínica de atención a Miomatosis Uterina.
