Rubén Pacheco
[Huasteca Hoy]
Hasta el 3 de enero pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, todavía no cumple las dos recomendaciones recibidas en 2017 y 2018; ambas se encuentran en trámite, revelaron datos del informe especial 2019 de seguimiento de recomendaciones de la CNDH.
Según el informe, la dependencia estatal encabezada por Federico Arturo Garza Herrera aceptó las recomendaciones No. 79/2017 y 49/2018, cuyos señalamientos también se extendieron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), indicó que de las recomendaciones emitidas se derivaron 10 puntos recomendatorios, de los cuales han concluido tres y siete permanecen en trámite.
“De los 10 puntos recomendatorios emitidos 9 (90%) son relacionados de acuerdo a su clasificación a ‘garantías de no repetición’ de los cuales el 33% han sido concluidos y 1 (10%) a ‘procedimientos de responsabilidad, seguidos en contra de servidores públicos’ que sigue en trámite”.
En el señalamiento 79/2017, se documentó la presunta negligencia médica que derivó en el fallecimiento de una recién nacida en el Hospital General No. 06 6 en Ciudad Valles, donde agentes de la entonces PGJE, dieron entrada a la denuncia penal de la quejosa pese a no tener competencia, por tratarse de hechos imputados a funcionarios federales.
Aquí, la CNDH le dirigió cuatro puntos recomendatorios: declinar su competencia a la PGR –ahora FGR-; colaborar con la investigación administrativa contra tres elementos; capacitación a funcionarios y designar a funcionarios que serán enlace con el organismo autónomo nacional.
A su vez, el pronunciamiento 49/2018 derivó por la negativa tanto de un agente del Ministerio Público como de dos médicos de la Clínica No. 01 del IMSS, para que una adolescente de 15 años de edad con discapacidad intelectual que sufrió una violación accediera a un aborto legal.
La CNDH emitió seis puntos recomendatarios: integrar y determinar la carpeta de investigación por el delito de violación; colaborar con la investigación administrativa contra el agente; crear un protocolo de investigación ministerial, pericial y policial con perspectiva de género y discapacidad; capacitar a los agentes de la Subprocuraduría Especializada para la Atención de Delitos Sexuales, contra la Familia y Grupos Vulnerables; diagnóstico para saber si el número de agentes en ese área son los suficientes y designar a funcionarios que serán enlace con el organismo autónomo nacional.
