Imelda Hernández
[Huasteca Hoy]
En audiencia celebrada este miércoles y por medio de un resolutivo dictado con el recurso de la videoconferencia, el juez resolvió vincular a proceso al ex titular de la Auditoría Superior del Estado y otros cuatro imputados, por diversos delitos relacionados con la “fiesta fantasma”, y otorgó al Ministerio Público un plazo de 5 a 6 meses para el desahogo de la investigación complementaria.
El ex auditor, el ex contralor interno, el ex encargado de la Unidad de Transparencia de la ASE y el proveedor de servicio estarán sometidos a investigación en un plazo de cinco meses, mientras que en el caso de la coordinadora de Finanzas y Servicios, la investigación será de seis meses.
Al emitir la resolución correspondiente, el juez de control consideró que existen indicios razonables para establecer la existencia del delito.
Solicitó además que la investigación se realice de forma objetiva, exhaustiva y profesional.
Durante la audiencia, la defensa de los imputados advirtió que no existían condiciones para que se inculpara a los señalados del delito de peculado, pues la Fiscalía no había demostrado documentos que acreditaran dicha conducta.
Consideraron que las entrevistas presentadas por la parte acusadora, en donde se habla de la existencia o no de la “fiesta” dejaban al margen lo que se reprochaba y en el caso específico del ex titular de la ASE, se dijo que no existían pruebas de que hubiera distraído el recurso mencionado.
En el caso del abogado del ex auditor, este reconoció que su defendido si participó en la sesión del 16 de diciembre del 2016, en la que se autorizó el recurso que sería ejecutado en la organización de la “fiesta”, pero lo deslindó de la ejecución y el fin que tuvieron los recursos públicos.
La defensa informó también que la Comisión de Vigilancia de la pasada legislatura, sostuvo una reunión con el ex titular de la Auditoría Superior del Estado, en la cual quedó superado el tema de los 600 mil pesos que supuestamente fueron destinados a la celebración decembrina.
También se hizo alusión a las entrevistas realizadas a supuestos trabajadores de la Auditoría Superior del Estado, de los cuales sólo una persona reconoció haber asistido al convivio y el resto reconocieron no haber asistido; aseguraron que no era una prueba contundente de que la fiesta no se hubiera realizado.
Cuestionaron también la desaparición del acta número 14 de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de fecha 2 de mayo del 2017, lo cual consideraron era prueba fundamental para la defensa.
