Leticia Nieto
[Huasteca Hoy]
Solicitando políticas públicas actualizadas y acordes a los retos que enfrenta la industria azucarera, cañeros potosinos se reunieron con los senadores Marco Antonio Gama Basarte y Gustavo Madero, destacando que la inminente firma del nuevo Tratado de Libre Comercio requerirá de mayor respaldo posible para analizar su impacto, pues consideraron que no existe necesidad de traer fructuosa a nuestro país y es necesario se expida un acuerdo en contra de su importación, que en los últimos veinte años ha tenido un crecimiento del 2000 por ciento contra la casi cero exportación de azúcar a Estados Unidos.
David González Santos, Gerardo Hanun Safi, Oscar Delgadillo, Felipe Bicharq Santander y Arturo Iván Tello, productores cañeros de la región, y quienes dijeron no representar a ninguna organización cañera, y sólo acudieron ante el Senado en defensa de la actividad productiva a la que se dedican, dieron a conocer que en este encuentro con los senadores, recibieron un total apoyo a su demanda y el respaldo para propuestas como la instalación de la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, que debió de haberse creado desde hace 13 años.
Destacaron que en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, publicada en el 2005, se señalaba el establecimiento de la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y pese a que el artículo 4to. Transitorio de la citada ley otorgada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, un plazo de 15 días a partir de su entrada en vigor para convocar a los sectores involucrados, dicha junta nunca se instaló.
“Han transcurrido más de 13 años sin que se haya creado está Junta permanente, con el consiguiente perjuicio para los productores, por lo que solicitamos la intervención de los Senadores para que se envié un exhorto al nuevo secretario de la Sagarpa, solicitando la instalación de dicho órgano”, expresaron.
Reiteraron que es urgente que este sector primario, que es el más vulnerable en comparación con el sector industrial, se atienda con la “política espejo”, además de una inversión federal por cerca de 8500 millones de pesos en beneficio de las 450 mil personas que dependen directamente de la actividad cañera.
