Daniel Vázquez
[Huasteca Hoy]
Todavía no amanecía cuando casi un centenar de policías de las diferentes corporaciones, sitiaron el fraccionamiento Buenos Aires, para tratar de desalojar una sección que supuestamente pertenece a los ejidatarios de Plan de Ayala, sin embargo, ya los estaban esperando los habitantes de ese sector, armados con machetes y palos, quienes además colocaron barricadas en los accesos e impidieron que se realizara la diligencia.
Exactamente a las cinco de la mañana empezaron a llegar patrullas al estacionamiento del centro comercial Soriana sucursal Valle Alto, sitio que eligieron los responsables de la Policía Municipal, Estatal y Ministerial, para ponerse de acuerdo e implementar un dispositivo especial para sacar a las familias que presuntamente invadieron una extensión territorial de dos hectáreas, que legalmente pertenecían al ejido Plan de Ayala.
El abogado Luis Ángel Contreras Malibrán, representante jurídico de los ejidatarios, fue quien pidió el apoyo de las autoridades policiales, para sacar a las personas que desde 2015 invadieron los terrenos de sus clientes, cuando eran encabezados por la exlideresa Irma Cardoza, actualmente en prisión.
Y es que luego de la detención de la susodicha, el 14 de julio de 2017, el juez que ordenó su captura ordenó el desalojo de dicha sección, y se notificó a las personas e incluso se les citó ante diferentes instancias, pero como hicieron caso omiso, se llevaría a cabo la diligencia con apoyo de la fuerza pública.
Para las 5:45 de la mañana, en el estacionamiento ya se habían reunido 60 oficiales de la Policía Estatal, al mando del comandante regional Juan Alberto Cerón Esparza, y el jefe del área Valles, Óscar Alfredo Vidales. Mientras que por parte de la Policía Municipal había 24 oficiales con su encargado de turno, y de la Policía Ministerial del Estado se contaron 30 elementos, al mando del Subdirector Operativo en la zona Huasteca Norte, Raymundo Cordero Ferreira.
Cinco minutos después, empezó el movimiento de patrullas, salieron del estacionamiento, y unas enfilaron sobre la carretera Valles-Mante para llegar por la entrada norte al fraccionamiento Buenos Aires, y otras patrullas se fueron hacia Valle Alto para después subir al fraccionamiento Infonavit 2, donde está ubicada la entrada sur al mismo sector.
A las 6 de la mañana se posicionaron en los accesos al lugar, pero no pudieron entrar, porque los habitantes habían instalado barricadas con neumáticos y alambre de púas.
Los uniformados descendieron de sus unidades, algunos ya traían puesto el equipo antimotines e intentaron incursionar a pie, sin embargo del otro lado de las barricadas empezaban a juntarse personas armadas con machetes y palos, quienes les advirtieron que una vez que cruzaran la barrera no los iban a dejar salir, y los atacarían.
Conforme pasaban los minutos iban llegando más personas, había mujeres, adultos mayores, jóvenes, de todas las edades, y llegaron a superar en número a los guardianes del orden. Al frente de los civiles se posicionó el líder local de la organización Antorcha Campesina, Reyes Ávila Obispo, quien dijo que no permitirían que se llevara a cabo el desalojo, pues consideraba que se trataba de un atropello.
El abogado de los ejidatarios, Luis Ángel Contreras, había llegado junto con los policías, acompañado de dos agentes del Ministerio Público, quienes le hicieron saber a las personas que se estaban oponiendo, que existía un ordenamiento del juez y con las acciones que estaban tomando estaban incurriendo en un desacato, pero éstos continuaron en su postura, e incluso Reyes Ávila expresó que ya había llamado a otros integrantes de su organización, y en cuestión de horas habría miles de personas apoyándolos para no dejarlos pasar.
No hubo un diálogo como tal, pues los civiles estaban enardecidos, incluso rociaron gasolina sobre los neumáticos y les prendieron fuego, además de que tiraban viajes con sus machetes.
Luego llegaron al menos una veintena de ejidatarios, quienes trataron de alentar a los policías para que cumplieran con la encomienda, pero esto tensó más los ánimos, incluso hubo un momento en que uno de los ejidatarios quiso brincar la cerca de un domicilio para evitar las barricadas, y los civiles del otro lado empezaron a tirarle piedras, obligándolo a desistir.
Después de eso los gritos fueron disminuyendo, sólo se escuchaban murmullos, hasta que en punto de las 7 de la mañana, el abogado Contreras Malibrán y los agentes del Ministerio Público, decidieron cancelar la operación, así que los jefes policiales ordenaron la retirada y los uniformados se fueron.
Los antagonistas soltaron algunos gritos, pero su líder les pidió guardar silencio y pidió se mantuvieran alerta, ante la sospecha de otra acción por parte de las autoridades, esto a pesar de que las patrullas salieron del sector.
