Jaime Hernández
[Huasteca Hoy]
De la revisión del ejercicio de los fondos de Gestoría Institucional realizados por los diputados locales en 2017, la Auditoría Superior del Estado (ASE) confirmó las anomalías en que han incurrido los legisladores con esa partida: beneficiarios que no recibieron los recursos, uso de proveedores de los cuales no se pudo probar su existencia y falta de sustento legal del uso de esos recursos.
En la auditoría ASESLP-AEFG/PL/2017, en la que la ASE revisó el ejercicio del presupuesto del Congreso de 2017, la ASE revisó una muestra de 72 expedientes, que sumaron un millón 110 mil 229 pesos de una partida que, el año pasado, alcanzó 16 millones 247 mil 724 pesos.
Es decir, la ASE verificó el 6.8% del total de la partida.
De ellos, los diputados sólo pudieron acreditar de manera correcta la entrega de 193 mil 589 pesos.
Ante las irregularidades cometidas, los diputados responsables se vieron obligados regresar 501 mil 768 pesos a las arcas legislativas.
Por no haber comprobado a satisfacción su ejercicio ni haber devuelto los recursos, la ASE consideró que los diputados fueron responsables de un daño patrimonial por 414 mil 872 pesos.
Ante esta situación, pidió al órgano del control interno del Legislativo que investigue y, en su caso, inicie un procedimiento administrativo por las irregularidades a los funcionarios cometidas por los legisladores “al haber comprobado indebidamente en el ejercicio de recursos de Gestorías Institucionales”.
De los 72 casos analizados, sólo 26 presuntos beneficiarios aceptaron haber recibido los apoyos, 30 negaron el beneficio y 16 más no fueron localizados.
En cuanto a los proveedores, de 68 compañías analizadas, 45 no fueron localizados y uno de ellos se encuentra en la lista de contribuyentes incumplidos del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
La ASE pidió al SAT revise la existencia de los contribuyentes no encontrados y en los que sí se ubicaron, si tienen infraestructura para realizar sus funciones.
Además, la ASE encontró pólizas de cheque con firmas distintas a las del beneficiario del pago, documentos tachados, estudios socioeconómicos sin identificar a los autores ni evidencia fotográfica de la entrega.
Por estas razones, la ASE aprobó, con salvedades, al cuenta legislativa.
