Jaime Hernández
[Huasteca Hoy]
El Comité de Participación Ciudadana (CPCP) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) tiene, por fin, validez legal, pero está presidido por una persona fallecida.
Con más de ocho meses de retraso, el Periódico Oficial del Estado, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, publicó el pasado viernes 6 de junio el acta de toma de protesta de los integrantes del CPC, un hecho ocurrido el primero de noviembre de 2017.
El documento presenta el listado de integrantes numerarios y supernumerarios del CPC, que fueron elegidos incluso antes, el 20 de septiembre de ese año. Como presidenta, aparece Alma Irene Nava Bello, que debía presidir el organismo un año.
Sin embargo, quien fuera presidenta de la organización civil Educación y Ciudadanía AC, renunció al cargo poco después, el 16 de octubre, debido a una controversia por su participación también como consejera local del Instituto Nacional Electoral. Nava Bello optó por dejar el CPC ante los señalamientos por ocupar dos cargos.
No obstante, aparece en el acta del 1 de noviembre como presidenta. El 13 de enero de este año, Irene Nava falleció.
Aun así, el Periódico Oficial fue emitido, con lo que se le da validez al organismo, lo que sería el primer paso para reactivar al SEA, pues el resto de sus integrantes, dependencias estatal y autónomas como la Contraloría General, la CEGAIP, la Fiscalía General y otros, se negaban a darle reconocimiento jurídico.
El resto de los representantes ciudadanos que aparecen en el Periódico Oficial del Estado son Carlos Espinoza Rincón, Ismael Leyva Nava, Jesús Sierra acuña y Efraín Arriola Ortiz.
Un comité polémico
Éste no es el único hecho controversial del CPC.
Ha sido impugnado por no respetar la equidad de género de sus integrantes ordenada por la ley.
Además, uno de sus miembros fue funcionario público, pese a que lo prohibía la convocatoria.
