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SAN DIEGO. – Una jueza federal en California se irritó cuando un abogado de decenas de personas acusadas de cruzar la frontera en forma ilegal pidió más tiempo para reunirse con sus clientes antes de que les fijaran fianza.
Eran las 5 de la tarde un viernes en mayo y la jueza en San Diego lidiaba con una fuerte carga de trabajo que había aumentado considerablemente debido a la política de “tolerancia cero” del gobierno del presidente Donald Trump para enjuiciar a los detenidos por ingresar en forma ilegal en Estados Unidos.
“Ha sido una semana pesada”, dijo la magistrada federal Nita Stormes, quien dejó entrever que la corte necesitaba más jueces y defensores públicos.
En su intento por reducir la carga de trabajo, la corte asignará a partir del lunes un juez para que vea los casos de inmigración que impliquen delitos menores y enviará grupos grandes de personas a juicio en un tipo de proceso que los detractores llaman justicia en serie. Como lo muestra la medida, California, al igual que otros estados fronterizos, resiente la carga de la tolerancia cero que ha recaído en las cortes federales, en particular en la entidad más poblada del país, que por mucho tiempo se había resistido a efectuar audiencias judiciales colectivas para personas detenidas por cruzar la frontera sin permiso.
Fueron pocos los casos de inmigración en los primeros meses del año en California.
