Rubén Pacheco
[Huasteca Hoy]
Las instituciones son las responsables directas del feminicidio de una mujer residente del municipio de Rioverde, quien fue asesinada por su pareja, por lo cual, el culpable de ésta muerte, así como del asesinato de otra mujer en la misma municipalidad en enero pasado, debe estar en la cárcel, exigieron feministas y académicas. La CEDH reveló que ya analiza la emisión de una Recomendación al respecto.
Este miércoles, falleció la mujer agredida por su pareja con un arma de fuego el 6 de junio pasado, a quien desde el año pasado había denunciado por presuntamente violar a sus dos hijas, y sobre quien ya había orden de aprehensión.
El deceso de esta ciudadana se registra en el mismo municipio a cinco meses de un hecho similar, pues el 25 de enero de 2018 una mujer fue asesinada por su ex pareja, quien tras el ataque se suicidó. Previo al feminicidio, la hoy occisa denunció en octubre de 2017 violencia de dicha persona, pero las autoridades no tomaron medidas para protegerla.
Arely Torres Miranda, activista y consejera social de Inmujeres, advirtió que además de exigir rendición de cuentas en ambos feminicidios, se solicitará que la persona culpable de las omisiones pague con la cárcel.
Reprochó que las autoridades pregonan en su discurso “‘que todos los esfuerzos están encaminados para erradicar la violencia contra las mujeres’”, y además instan a las potosinas a denunciar, sin embargo, “para cuando denuncien, su falta de capacidad (de las autoridades), sea la que termine asesinándolas”.
“En ambos casos yo culpo y señalo directamente a las instituciones, como responsables de este feminicidio (…) No vamos a permitir que siga sucediendo, Si no puede el gobierno, las instituciones cumplir con su obligación de proteger la vida de las mujeres, que se vayan”, sentenció.
Urenda Queletzú Navarro Sánchez, profesora-investigadora en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UASLP, reclamó que dicho feminicidio permite ver cómo la falta de compromiso y omisión por parte de las autoridades, se lleva de por medio la vida de las mujeres.
Recalcó que se pone de manifiesto la falta de coordinación y de efectividad de las acciones institucionales, por lo tanto, hay responsabilidad administrativa de los funcionarios, y los familiares de las victimas pueden promover sanciones contra ellos, recordó.
“Nuevamente pone de manifiesto la carencia de medios efectivos de salva guarda de vidas de mujeres, que ya han puesto de conocimiento a la autoridad que son víctimas y la falta de medidas claras que impidan que sus vidas queden en riesgo”, concluyó.
Por separado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) notificó que ya inició una queja de oficio relacionado al citado caso, que es muy parecido al suscitado el 25 de enero de 2018, cuya omisiones gubernamentales fueron evidenciadas en la Recomendación No. 5/2018 a Federico Arturo Garza Herrera, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), por omisión en la aplicación de medidas de protección a la fémina ultimada.
