Verónica Galván
[Huasteca Hoy]
Las obras que se colapsaron recientemente en el Hospital General de zona número dos del IMSS de San Luis Potosí, forman parte de la mala administración de José Sigona Torres, ex delegado del IMSS en San Luis Potosí, es su responsabilidad junto con el actual encargado de la delegación Alberto Castro Hernández, aunque nieguen que no son de mala calidad, las recientes lluvias demostraron lo contrario, dijo Raúl Alberto Castillo García, Secretario de la CROC en el Estado.
Dijo que las obras de ampliación y remodelación que están haciendo en el Hospital 6 y en la clínica 3 del IMSS en Ciudad Valles, podrían resultar también dañadas, esto porque se quedaron etiquetadas desde que estaba Sigona al frente y son de la misma calidad “chafa” que las que se colapsaron en el Estado.
Porque además las clínicas de Valles no están exentas del problema, tal es el caso de los elevadores del HGZ que siempre se descomponen y el aire acondicionado, que de manera constante también se descompone, poniendo en riesgo a los pacientes hospitalizados, quienes están en riesgo de infecciones por bacterias y pone en riesgo a quienes ingresan a cirugías de emergencia.
Además circulan videos del pasado 4 de mayo en las redes sociales, donde se ve al personal del Instituto sacando el agua del interior del área de consulta externa del hospital y consulta de medicina familiar, además del falso plafón del techo que se desprendió por las obras de mala calidad, la cual fue inaugurada el 21 de Marzo en presencia del director general del IMSS, Tuffic Miguel Ortega.
“Hace unos días manifesté La corrupción del IMSS, de José Sigona Torres y del arquitecto Castro y lo vuelvo a reiterar, ya basta de obras de mala calidad, falta de medicinas y raterías sin que nadie haga nada, a fin de cuentas los afectados son los derechohabientes se afecta su integridad y la de los propios trabajadores del IMSS a quienes afortunadamente no les cayó encima el techo colapsado”.
Como integrante del Consejo Consultivo del IMSS, demandó una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública y de la ASF, una auditoría donde se investiguen los datos, perfiles, empresas y precios alzados y los precios unitarios.
