Silvia Neri Corona
[Huasteca Hoy]
TAMAZUNCHALE. El instituto de las Mujeres del Estado comenzará a difundir en los próximos días un folleto con el tema de Violencia Política, con el cual se pretende inhibir la incidencia de ese tipo de acciones en contra de mujeres candidatas a cargos de elección; militantes de partidos políticos; funcionarias públicas; funcionarias electorales; y funcionarias de casilla.
Esta acción está enmarcada dentro de la campaña “Alerta con todos los sentidos frente a la violencia contra las mujeres” que a su vez es parte de las acciones de la Alerta de Violencia de Género vigente en esta capital y cinco municipios más, y apunta a que las mujeres conozcan lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, en lo referente al concepto de violencia política.
De acuerdo a esa definición, se trata de cualquier acción u omisión cometida por personas, o servidores públicos, – por sí mismos o a través de terceros -, que causen daño físico, psicológico, económico, o sexual, en contra de una o varias mujeres, y/o su familia, para acotar, restringir, suspender, o impedir el ejercicio de sus derechos ciudadanos y político-electorales, o para inducirles a tomar decisiones en contra de su voluntad.
Al respecto se enumeran ejemplos, como imponer a las mujeres estereotipos de género y ordenarles actividades ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo; y la asignación de responsabilidades que resulten en limitaciones del ejercicio de la función político-pública.
De igual manera, proporcionar a candidatas, – o autoridades electas o designadas -, información falsa, errada, o imprecisa, que ocasione una competencia desigual, o induzca el inadecuado ejercicio de sus funciones político-públicas; evitar que mujeres electas, titulares o suplentes, asistan a la toma de protesta de su encargo, o a cualquier otra actividad que implique su toma de decisiones, suprimiéndole el derecho a voz y voto, en igualdad de condición a la de los hombres.
Casos similares serían proporcionar datos falsos o información incompleta de la identidad, o sexo de la candidata al Instituto Nacional Electoral, y divulgar o revelar información personal y privada de mujeres candidatas, electas, designadas, o en ejercicio de sus funciones político-públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos, y utilizar esa información para obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o postulan.
