Leticia Nieto
[Huasteca Hoy]
Ejidatarios del predio “Plan de Ayala” y colonos de la “Buenos Aires” sostuvieron ayer un encuentro con funcionarios del Ayuntamiento, para reprobar la introducción de servicios de agua potable y saneamiento a áreas invadidas por integrantes de Antorcha Campesina.
Explicaron que a pesar de que el predio sigue en litigio, la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneaminto (DAPAS) pretende introducir el servicio de agua en beneficio de los invasores, lo que podría derivar en una denuncia penal contra directivos del organismo municipal por el delito de allanamiento de morada e incluso desviación de recursos públicos.
Luis Ángel Contreras Malibrán, representante jurídico de los ejidatarios y colonos, denunció que había un acuerdo firmado por Reyes Ávila Obispo representante de Antorcha Campesina de que se respetaría el proceso de investigación para determinar la legal propiedad de los predios, sin embargo, tanto él como el mismo Ayuntamiento han caído en contradicciones.
“Venimos a exigir al Ayuntamiento que respete los acuerdo, que intervenga para que la Policía Municipal cumpla con su función de vigilar y cuando se le llame acuda al auxilio, se han tenido fuertes problemas y nunca llega”, señalaron.
Dicen que ahora resulta que hasta directivos de la DAPAS se están prestando para favorecer a los antorchistas, “tenemos fotografías y testimonios que directivos del organismo del agua enviados por su director, Edgardo González Ordaz, se introdujeron a propiedades de mis representados para ver por dónde van a meter una obra de agua y eso es allanamiento porque no tenían permiso de meterse a los terrenos y los vamos a denunciar, quieren darle agua a gente que no es propietaria”.
En reunión con el asesor jurídico del Ayuntamiento Víctor Manuel Palomares Tejeda y el secretario del Ayuntamiento, Luis Fernando González Castañeda, los inconformes pidieron que el Ayuntamiento saque las manos y reiteraron que el Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López es el único que atravez de la Promotora del Estado ha querido dar orden al asunto mediante un procedimiento de escrituración.
“Los antorchistas dicen que no van a permitir más desalojos, pero ellos no mandan, hay juicios agrarios, es el Poder Judicial quien está determinando esta situación, se está ordenando la restitución del predio luego de mostrarse la legítima propiedad, estos señores no tienen nada y no deben intimidar, son invasores y exigimos se cumpla con la ley”, señalaron los inconformes, en tanto los funcionarios públicos sólo se concretaron a escuchar las quejas y prometer que les darán seguimiento.
