(EFE)
Ciudad de México.- Se cumplieron los peores presagios y México registra ya, a un mes de acabar 2017, el peor año en número de asesinatos de las últimas dos décadas, coincidiendo con la reciente promulgación de la polémica Ley de Seguridad Interior, que formaliza el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.
De enero a noviembre se registraron 23.101 homicidios dolosos, el dato más mortífero de los últimos 20 años, superando la marca del 2011, de 22.409.
De acuerdo con el informe mensual Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), que se publicó al filo de la medianoche, en los primeros 11 meses del año se produjeron un total de 37.527 homicidios; 23.101 dolosos y 14.426 culposos.
El número de asesinatos también supone un aumento del 23 % frente a los 18.724 homicidios dolosos reportados en los primeros 11 meses del año pasado.
Los estados más violentos fueron Guerrero, con 190; Baja California, con 178; el Estado de México, con 172; Veracruz, con 138, y Chihuahua, con 137, y la mayoría de los 32 estados que conforman México sufrieron un repunte de la violencia en el presente año.
En este sangriento 2017, ni la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes podrá ser usada por el Ejecutivo para disfrazar las cifras, pues el Gobierno ha esgrimido en muchas ocasiones que si bien ha subido el número de víctimas, la tasa disminuyó por el aumento de la población mexicana.
Con base en este parámetro, 2011 es todavía el año más violento con 19,37 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, y 2017 se colocó en 18,70 casos por cada 100.000 mexicanos, de manera preliminar.
Estos son los dos peores datos de la serie, que abarca desde 1997 y que en 2007 tuvo su mejor registro, cuando la tasa de homicidios dolosos bajó a 9,34 sucesos por cada 100.000 habitantes.
En México se produjo un repunte de la violencia hace 11 años por la llamada guerra contra el narcotráfico que propugnó el presidente Felipe Calderón (2006-2012), que hasta la fecha ha dejado al menos 150.000 muertes vinculadas al crimen organizado y más de 30.000 desaparecidos.
Este supuesto combate frontal al crimen organizado supuso la salida a las calles de los militares, donde han permanecido desde entonces efectuando tareas de seguridad pública.
