(EFE)
Ciudad de México.- Cientos de mexicanos marcharon ayer hacia la residencia oficial del presidente Enrique Peña Nieto para exigirle que vete la Ley de Seguridad Interior, recién aprobada por el Congreso, que formaliza el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Convocados por el colectivo de derechos humanos Seguridad Sin Guerra, formado por familiares de víctimas de la violencia, académicos y delegados de unas 140 agrupaciones civiles, unos 500 manifestantes partieron al mediodía del monumento conocido como Estela de Luz hacia la residencia presidencial de Los Pinos.
“Peña, fascista, veta la ley golpista” y “Queremos paz, queremos paz, contra la guerra y la impunidad, queremos paz” eran algunos de los lemas que coreaban los manifestantes, en su gran mayoría jóvenes, durante el trayecto de casi cuatro kilómetros. La actriz de teatro Lilian Lara dijo a Efe haberse sumado a la movilización porque la ley es “inconstitucional”.
“¿Por qué entonces todos han votado a favor. Ahí hay una incongruencia muy grande. De lo que habla es de represión y de un absurdo gigante”, manifestó. A su vez, Evangelina Torres consideró “injusto que nos estén imponiendo una ley que nos va a afectar a la larga”.
“No pertenezco a ningún partido. Vengo únicamente a exigir justicia, que se nos escuche a todos los mexicanos porque tenemos derechos. No se escuchó a la ONU, no se escuchó a (la Comisión Nacional de) Derechos Humanos”, expuso.
Con 262 votos en favor, 25 en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados ratificó el viernes el dictamen de la Ley de Seguridad Interior con las modificaciones enviadas por el Senado y lo envió al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor. La ley reafirma la función del Estado para preservar la seguridad interior e indica que, a nivel local, se podrá solicitar la intervención de la Federación ante problemas de seguridad y obtener una Declaratoria de Protección.
Esta declaratoria deberá precisar la vigencia de la participación de la Policía Federal o de las Fuerzas Armadas, que no podrá exceder un año, pero con la posibilidad de prorrogarse si hay justificación.
Si las amenazas a la seguridad representan un “grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones”, el presidente podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas. Los militares asumieron tareas de seguridad pública en la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por el Gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012).
El nuevo ordenamiento ha causado gran controversia. Mientras para algunos es una forma de regular el papel de los militares en actividades que llevan realizando una década, para otros perpetúa su presencia en las calles en un país con 150.000 muertes vinculadas al crimen organizado en ese lapso y más de 30.000 desaparecidos. Antes del aval legislativo, Amnistía Internacional se sumó a la exigencia de la CNDH.
