(EFE)
Ciudad de México.- El Gobierno mexicano respondió al llamado del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, de no aprobar la Ley de Seguridad Interior, con una carta en la que dijo que ni la norma militarizará el país ni la acción del Ejército suplantará la de las autoridades civiles.
El pronunciamiento de Zeid, emitido el 4 de diciembre, “no parece tomar en cuenta las dimensiones de las amenazas a la seguridad interna del país”, señaló el Gobierno en la misiva, fechada un día después pero dada a conocer ayer.
El alto comisionado expresó entonces su preocupación por el proyecto de ley, ya aprobado en la Cámara de Diputados y que establece los parámetros para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y dijo que “no es la respuesta adecuada” frente a la violencia.
El Gobierno resaltó que México enfrenta “retos sin precedentes” en la seguridad interior, debido a que en Estados Unidos se da “el mercado de drogas ilícitas más grande del mundo”, y que existe un tráfico de armas de alto poder provenientes del vecino del norte.
Asimismo, entre los factores mencionó la decisión del Gobierno estadounidense de “desviar hacia nuestro territorio el flujo de drogas ilícitas procedentes del sur del continente”.
En este contexto, el Estado mexicano ha tenido que convocar “como último recurso el auxilio de las Fuerzas Armadas”, porque es “sumamente difícil” que las policías municipales y estatales hagan frente a la violencia desatada por las organizaciones criminales.
La Ley de Seguridad, que ayer está siendo discutida en el pleno del Senado tras ser pasar el miércoles en comisiones, no tendrá como consecuencia, de ser aprobada, la “militarización de la seguridad pública”.
