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CIUDAD DE MÉXICO.- La gran mayoría de las violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por los soldados mexicanos que luchan contra cárteles del narcotráfico quedan impunes a pesar de las reformas que permiten a las autoridades civiles investigar y juzgar esos crímenes, de acuerdo con un informe publicado el martes.
El estudio de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), considerado el primer análisis exhaustivo de las investigaciones de abusos militares efectuadas por la Procuraduría General de la República, halló que la justicia civil solamente condenó a 16 soldados de un total de 505 investigaciones penales realizadas de 2012 a 2016, una tasa de éxito de 3,2%. Además, hubo solo dos condenas por “responsabilidad de la cadena de mando” de oficiales cuyas órdenes derivaron en abusos, añadió.
Según el informe, los factores que obstaculizan las pesquisas civiles de personal militar incluyen las investigaciones paralelas civiles y militares, el acceso limitado a los testimonios de la tropa y las alteraciones de la escena del crimen efectuadas por soldados, o los falsos testimonios. “Este modelo de seguridad pública militarizada ha tenido un impacto negativo en el sistema de justicia penal de México. El sistema de justicia civil enfrenta retos –como las medidas de las autoridades militares que provocan obstrucciones o demoras de las investigaciones– que limitan la capacidad de las autoridades civiles para sancionar a los soldados implicados en crímenes y violaciones de los derechos humanos”, dice el informe.
La Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y otras instituciones del gobierno mexicano no respondieron de inmediato a las solicitudes para que hicieran declaraciones al respecto. Las fuerzas armadas han desempeñado.
