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barcelona.- El gobierno central español tomó medidas el lunes para enjuiciar a los miembros del destituido gobierno catalán por crímenes por los que podrían pasar décadas en prisión, y algunas de los miembros del gobierno separatista viajaron a la capital belga, en donde un funcionario dijo que podrían solicitar asilo.
Mientras Cataluña pasó su primer día trabajando bajo las órdenes directas de Madrid tras los infructuosos esfuerzos del parlamento regional por crear una nueva nación, España se adentra en un nuevo territorio político en medio de una crisis sin precedentes.
Se vislumbra una nueva elección regional para el 21 de diciembre, en la que tanto separatistas como unionistas presentarán candidatos, pero es posible que, antes de eso, el país pase semanas de incertidumbre política.
En una escalada en las tensiones, el fiscal general del Estado José Manuel Maza dijo que buscará procesar a los miembros del gobierno separatista de la región por rebelión, sedición y malversación de fondos.
Maza dijo que solicitará a los jueces medidas cautelares en contra de políticos y del organismo rector del parlamento catalán que permitió una votación para la declaración de independencia del viernes. Maza no especificó si dichas medidas incluirán su arresto y detención antes de que se realice el juicio.
Los cargos por rebelión, sedición y malversación tienen sentencias máximas de 30, 15 y seis años en prisión, respectivamente. No quedó esclarecido de inmediato cuándo es que los jueces emitirán un falló a la solicitud del fiscal.
Entre los que enfrentan cargos se encuentra el destituido presidente regional Carles Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras, así como la presidenta del parlamento catalán Carme Forcadell. La mañana del lunes se desconocía el paradero de Puigdemont. La incertidumbre prolonga el juego.
