(EFE)
Caracas.- El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, eligió este viernes a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en una decisión no reconocida por el Gobierno y por los jueces en ejercicio de esta alta corte cuya legitimidad ha dejado de reconocer la Cámara.
Con la ausencia de los diputados del oficialismo, los parlamentarios aprobaron por unanimidad el nombramiento en una sesión celebrada al aire libre en una plaza del este de Caracas, después de que presuntos seguidores armados del Gobierno hayan protagonizado actos de violencia en la Cámara en varias ocasiones.
La oposición venezolana no reconoce la designación de los 33 magistrados en ejercicio del Supremo por supuestas irregularidades en su nombramiento entre diciembre y enero de 2015 por parte del Parlamento saliente chavista, días después de la victoria de la actual mayoría Legislativa y antes de que ésta tomara posesión en la Cámara.
“No olvidemos por qué estamos acá: queremos pasar de Venezuela violenta y arruinada, a la de la paz y justicia”, dijo el presidente del Parlamento.
El diputado opositor Carlos Berrizbeitia, encargado de proponer los nuevos nombramientos, recordó por su parte que los magistrados designados por la Cámara chavista en 2015 “fue un proceso ejecutado a trocha y mocha, como lo vieron todos los venezolanos” en ese momento.
Además, según el parlamentario, “se designaron personas que no cumplían con las exigencias previstas en la Constitución y la ley”, y una vez en sus cargos estos jueces emitieron “pronunciamientos nefastos” que en su opinión desconocen la voluntad popular, como la sentencia con que el TSJ declaró “en desacató” al Parlamento.
“Al pueblo que está en la calle, no desmayemos, Venezuela va a tener un Tribunal Supremo de Justicia y unas instituciones al servicio del pueblo y no al servicio de ningún gobernante de turno de ningún partido político”, agregó Berrizbeitia, que considera la decisión de hoy del Parlamento inicia la “recuperación institucional del país”.
Los nuevos jueces elegidos por el Legislativo fueron propuestos por un comité de postulaciones que contó con el concurso de representantes de la sociedad civil, según se establece en la Carta Magna.
Las designaciones para la Sala Constitucional son magistrados que juraron sus cargos en una sesión especial convocada tras su nombramiento.
