(EFE)
Madrid.- El Gobierno español reclamó hoy “sensatez” ante el anuncio de los independentistas catalanes de un referéndum de autodeterminación el próximo 1 de octubre, a la vez que insistió en impedir la consulta mediante la aplicación de la ley.
El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, pidió hoy confianza en el futuro a los catalanes “sensatos y moderados” frente a los “delirios autoritarios y frentistas” de los que desafían al Estado democrático.
“A todos les digo que mantengan la confianza en el futuro porque los delirios autoritarios y frentistas nunca podrán vencer a la serenidad y el equilibrio del Estado democrático”, afirmó.
El Gobierno independentista catalán, apoyado por la coalición Junts pel Sí y la CUP, dio ayer un paso más en su escalada independentista y anunció la futura ley catalana de Referéndum de Autodeterminación.
Esta norma prevé la posibilidad de declarar la independencia de Cataluña -una de las regiones más ricas de España con 7,5 millones de habitantes, antes de 48 horas si ganara el “sí” en un eventual referéndum, que la justicia española considera inconstitucional y el Gobierno de Madrid insiste en impedir.
En este sentido, la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría ya ha advertido de que “al Estado le bastan 24 horas para recurrirla (la ley del Referéndum) y obtener su paralización”.
Asimismo garantizó que el referéndum independentista “no se va a celebrar, ni a las 48 horas va a pasar absolutamente nada”.
Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, afirmó también este jueves que la legislación española “no es válida” porque no respeta los tratados internacionales ratificados por el Estado, a los que apelan para reivindicar su “derecho de autodeterminación”.
De momento, el Ejecutivo catalán planea debatir esa norma en agosto y votarla en septiembre en el Parlamento regional, donde son mayoría.
El Gobierno de esa región sigue la táctica de apurar al máximo los plazos legales para entorpecer la reacción del Ejecutivo español, que de manera sistemática recurre todas las decisiones ante los tribunales, que hasta ahora se han pronunciado a favor de la legalidad constitucional.
La última decisión la tomó este jueves el Tribunal Constitucional, que por unanimidad declaró inconstitucionales las partidas de los presupuestos catalanes destinadas al referéndum soberanista convocado para el 1 de octubre, después de que fueran recurridas por el Gobierno español.
El Ejecutivo central recurrió también la pasada consulta soberanista que se celebró en noviembre de 2014 ante el Tribunal Constitucional (TC), que ordenó suspenderla.
Como a pesar de ello tuvo lugar una consulta informal, fueron condenados a inhabilitación tanto el anterior presidente catalán, Artur Mas, como dos miembros de su ejecutivo por desobedecer al TC.
