(Sin Embargo)
Ciudad de México.- La periodista y escritora Elena Poniatowska dice que en México el espionaje es una práctica que lleva años y “causa indignación porque los asesinatos a periodistas no cesan y los ciudadanos se preguntan en quién pueden confiar si la misma institución encargada de protegerlos no sólo espía su vida pública sino la privada”.
La autora cuenta cómo el años pasado fue al Archivo General de la Nación, acompañada de su amigo Jan Martínez Ahrens del periódico El País, para conocer un expediente que registra la vigilancia de la que fue objeto por parte del gobierno mexicano entre 1962 y 1985.
“Resulta increíble pensar en la energía, el tiempo y el dinero que invirtió la Secretaría de Gobernación para espiar a una periodista […]. La verdad, hojearlo me lastimó; primero me costó trabajo porque es difícil leer copias quemadas y ennegrecidas por la fotocopiadora, subrayadas y vueltas a rayar. A pesar de su presentación carcelaria, el fajo de hojas es una bitácora puntual, un registro que se incrusta en la piel como un tatuaje, un regreso al pasado”, describe la periodista.
El espionaje a la vida de Elena Poniatowska nunca paró. No importaba qué actividad realizara la también narradora, ensayista y novelista, todo era registrado en el expediente resguardado en el Palacio Negro de Lecumberri. “Los informantes se dividían en sector femenil o sector estudiantil lo que comprueba que hubo infiltrados dentro de los propios grupos. Esto, más que asombrar entristece y recuerda la peor época del estalinismo. ¿Quiénes podrán haber sido los infiltrados? A ninguno puedo ponerle cara”, reconoce Poniatowska.
Su historia se repite con otros colegas suyos en el presente. “Ahora se habla de malware, software, Pegasus, NSO Group, pero detrás se esconde la misma Secretaría de Gobernación que en los años 60, 70 y 80 seguía a sol y a sombra a un grupo de periodistas, activistas e intelectuales cuyo único delito era denunciar las desapariciones y torturas del régimen en el poder, que sigue siendo el mismo; por tanto, hoy por hoy sus prácticas no tendrían por qué sorprender a nadie”.
Finalmente, señala que “es grave enterarse de que Gobernación, la Procuraduría General de la República y Cisen, de cuyas manos depende la seguridad de los mexicanos, sean quienes utilicen la tecnología para vigilarlos y es más grave aun cuando entre esos ciudadanos aparecen nombres de periodistas críticos del gobierno.
